El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) analizará y votará el registro de ocho grupos –exponentes de ideologías diversas– que buscan convertirse en asociaciones políticas nacionales, entre estas algunas simpatizantes de la 4T. Los proyectos que serán presentados consideran procedente las solicitudes de las asociaciones.

Acorde con el orden del día de la sesión extraordinaria, se resolverán las peticiones de Alianza Patriótica por la 4T, Demócrata Liberal, Humanismo Mexicano, 5 de mayo Movimiento Reformador, Con Causa Social, Que siga la democracia, Movimiento Arcoiris por México, y Frente por la Cuarta Transformación.

La asociación civil Que siga la transformación es investigada por la unidad de fiscalización para esclarecer el origen de pintas en bardas y espectaculares durante el periodo de consulta de revocación de mandato, mientras la oposición acusa al grupo de estar detrás de la promoción adelantada de aspirantes presidenciales de Morena.

Las asociaciones políticas son la antesala para constituir partidos políticos.

En otros puntos de la sesión se nombrará a los integrantes de la comisión temporal de presupuesto 2024, y se votarán –entre otros asuntos– distintos proyectos que buscan imponer sanciones a las entonces precandidatas a la gubernatura del estado de México, Delfina Gómez y Alejandra del Moral.

Por otra parte, en reunión con Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) para iniciar los preparativos rumbo a las elecciones de 2024, la consejera presidenta Guadalupe Taddei defendió la permanencia de estos.

Integrantes del Consejo General del INE se reunieron con los presidentes de los 32 Oples para organizar los procesos electorales federal y locales concurrentes 2023-2024. Estamos convencidos que es indiscutible la permanencia de los institutos locales por las particularidades que cada uno de los estados tiene, cuya responsabilidad asumen con una voluntad y una fuerza indiscutible, declaró Taddei.

En la truncada reforma constitucional en materia electoral se proponía la desaparición de los Oples, así como de los tribunales electorales estatales, como una vía para reducir el costo del sistema de elecciones del país.