Las detenciones arbitrarias, el hostigamiento y las deportaciones en caliente que aplica el Instituto Nacional de Migración (INM) a indocumentados de Centroamérica han disminuido en las pasadas cuatro semanas.

A un mes del incendio en la estación de este instituto en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas, organizaciones civiles y especialistas coinciden en que a raíz de la tragedia han recibido menos quejas de maltrato u hostigamiento hacia los migrantes.

Se han abstenido de cometer acoso contra los migrantes. En la Ciudad de México, el permiso de 45 días que dan en el albergue de Tláhuac les ayuda a viajar a la frontera y no tener esa situación, porque por lo general la propia policía de migración les rompe los documentos. En este mes no hemos tenido esa queja, porque están en el ojo del huracán, detalló en entrevista la directora del albergue Tochan, Gabriela Hernández.

Aclaró que esto no significa que la actuación del personal de las estaciones migratorias vaya a mejorar, porque sólo le bajaron de tono, aunque sabemos que la impunidad gobierna en este país, pues que grandes funcionarios puedan librar la cárcel y mantenerse en el cargo, pese a la responsabilidad que pesa en ellos, habla de que en México no hay justicia, reprochó al señalar que hay indignación porque el titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, no ha renunciado.

Amarela Varela Huerta, profesora-investigadora especialista en temas de movilidad humana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, apuntó que al culpar al venezolano Jason Daniel de provocar el incendio se le está revictimizando, porque el gobierno no aceptará la responsabilidad jurídica y política de la muerte de 40 migrantes. Tendrían que reconocer que su política migratoria, ejecutada lo mismo desde Gobernación que desde la cancillería, genera muerte.

A pesar de que el Ministerio Público Federal pidió que Garduño Yáñez se separara del cargo mientras enfrenta el proceso, el juez de control Víctor Hernández concedió que enfrente el delito de ejercicio indebido del servicio público en libertad, con el único requisito de acudir a firmar cada 15 días.

Gabriela Hernández agregó que en la red de albergues que apoyan a los migrantes hay mucha indignación porque Francisco Garduño sigue en el cargo. Si un funcionario públicamente tiene responsabilidad y libra la cárcel, la situación en el país es muy grave.

Varela Huerta coincidió en que es un claro ejemplo de impunidad, porque se le exonera a pesar de sus acciones de corrupción y de ordenar el trato inhumano, y acaba incluso con las vidas de los detenidos.