a historia de las traiciones recientes, no al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino a un proyecto de país que urge de cambios a favor de las mayorías por parte de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son una lección de felonía y vileza, según confirma la ignominia.

Y es que poco antes de que se decidiera rechazar la idea de que el Ejército se convirtiera en el administrador, también, de la Guardia Nacional, hubo una historia que se contó en varias mesas y que salió de los grupos de apoyo o trabajo de dos ministros de la Corte, y que pareció molestar muy en serio al Presidente.

Resulta, así lo cuentan algunos miembros de la Corte, que no hace mucho, antes de que se rechazara el llamado plan B, los ministros Margarita Ríos Farjat y José Luis González Alcántara Carrancá acudieron a ver al Presidente de la República para enterarse, entre otras cosas, de lo que se proponía con las ideas que presentaba.

Según se cuenta, la reunión buscaba acuerdos mayores, compromisos y transitó en los mejores términos, tan buenos que el ministro González Alcántara pidió al Presidente que le dedicara uno o varios libros, alguno fue visto incluso por un ayudante del ministro que comentó el suceso.

De la reunión salió un acuerdo: defender lo que ya se conocía como plan B. Los votos, comprometidos, de la ministra y el ministro, impedirían que se frustrara la idea de vacunar contra la corrupción a la Guardia Nacional.

La reunión concluyó de la mejor manera, con el pacto de parte de ambos de consolidar el plan B y de esa manera responsabilizarse por la honestidad y el bienestar de los integrantes de la Guardia Nacional.

Pero la historia no concluyó con un final feliz y estos personajes cavaron el hoyo para el plan presidencial, presionados seguramente por los grupos políticos contrarios a la 4T que no quieren permitir ningún avance que tenga origen en alguna iniciativa presidencial, pero que también deja en claro que sí hay un poder político metido en lo más profundo de sus birretes.

Frente a esa crisis, la gente decidió actuar y cercar el edificio de la SCJN, a un lado de Palacio Nacional, como protesta frente al proceder impune del aparato de justicia que todo lo falla, una y otra vez, en contra de los intereses de la mayoría y no rinde cuentas a nadie.

Los tiempos han cambiado y la gente empieza a preguntarse de dónde sale el inmenso poder del organismo y, desde luego, de la impunidad de la que gozan, porque a ellos que son autoridad máxima se les debería exigir, por lo pronto, la transparencia y rendición de cuentas que se pide a otros poderes.

La reforma al Poder Judicial es una exigencia que hoy se manifiesta de la única manera que le es posible a la gente, en un cerco que será otra vez muy criticado, pero que se ha vuelto más que necesario. Ya veremos lo que pasa.

Será necesario, y esto hay que tenerlo en cuenta, que se mire de cerca a la gente que ya no quiere, cuando menos en la mayoría, soportar cada una de las atrocidades que cometen los jueces que están, se diga lo que se diga, por encima de la ley.

De pasadita

Bien haría el diputado Romero, claro, del PAN, en cerrar la boca y evitar el escándalo que dañará aún más a su desvencijado partido, porque hay muchas cosas por investigar de su paso por el poder.

No hay que olvidar que él, Romero, el fallecido Leonel Luna y el prófugo Mauricio Toledo formaron parte de la trilogía de la corrupción que dominó la primera etapa de la reconstrucción después del sismo de 2017.

Luna ya no puede rendir cuentas, Toledo pasa los días en la zozobra por una muy posible extradición y Romero goza de la inmunidad que le da el fuero como diputado, pero eso se puede acabar, eso se está acabando.

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