uando los mineros hablan, los poderes republicanos callan. O se someten. Así ha quedado demostrado en lo que va del proceso legislativo para reformar la ley minera y recuperar la soberanía nacional en la materia, según dijo el Presidente de la República al presentar la iniciativa ante la Cámara de Diputados. Y aunque el proceso legislativo sigue su curso, el proyecto de reforma que se discute ya no es el que propuso el Presidente de la República, ni tiene sus fines, sino otro que la Junta de Coordinación Política acordó con la Cámara Minera Mexicana (Camimex), con la intervención del secretario de Gobernación. En estos arreglos, se dice, estuvo de acuerdo la secretaria de Economía, de lo cual se deduce que también lo estuvo el Presidente de la República, pues no es pensable que dos de sus secretarios se muevan en sentido distinto al suyo por su propia decisión.
Por lo publicado, se sabe que el 24 de marzo el secretario de Gobernación presentó la iniciativa presidencial ante la Cámara de Diputados, misma que se dio a conocer cuatro días después. Los primeros en reaccionar, favorablemente, fueron las organizaciones que por años han luchado por reformas a la ley minera; los empresarios mineros, en cambio, callaron, seguramente analizando los contenidos y alcances de la reforma, y trazando su estrategia para atajarla. Y cuando la tuvieron, se opusieron a la iniciativa de reformas porque acotaba sus privilegios, ponía condiciones al uso del agua, reconocía algunos derechos de los pueblos indígenas, limitaba la actividad minera en las áreas naturales protegidas, exigía estudios de impacto social y plan de cierre de las minas, entre otros requisitos.
La presión de los empresarios mineros tuvo sus efectos. De inmediato el diputado Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y militante de Morena, el partido del Presidente, declaró que no se discutiría la iniciativa porque se abriría un proceso para escuchar a todos los sectores que pudieran verse afectados por las reformas. Esta postura hizo que desde el Poder Ejecutivo, las secretarías de Economía, Gobernación y Medio Ambiente y Recursos Naturales propusieran modificaciones a la iniciativa presidencial, que se acercaran a la demanda de los empresarios, manteniendo lo sustancial de ella. Paralelo a esto, los mineros buscaron interlocución con el secretario de Gobernación y de Economía y después, con intervención del primero, el 20 de abril se reunieron con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Después de esto, tres diputados de Morena firmaron una iniciativa que, esa misma tarde-noche presentaron y aprobaron en el pleno de la Cámara, sin discusión en comisiones. De acuerdo con lo aprobado, las concesiones mineras serían por 80 años, 30 en una primera etapa, prorrogable por 25 más, y luego un derecho de preferencia en una licitación por otro periodo similar. Esta disposición, por sí sola da al traste con la recuperación de la soberanía que buscaba la iniciativa del Presidente, pues es bien sabido que ningún proyecto de explotación minera requiere tanto tiempo para llevarse a cabo, pero los empresarios lo necesitan para ingresar con ellas al mercado de la especulación. Junto con ello, se aprobó que las concesiones puedan otorgarse en garantía con el solo requisito de que estén en explotación. Los recursos de la nación para beneficio privado.
Obviamente hay avances en materia ambiental y social: la actividad minera deja de ser preferente, antes de otorgar la concesión, se deberá consultar a los pueblos indígenas y obtener su consentimiento, no se podrán realizar actividades mineras en áreas naturales protegidas, humedales, lechos marinos ni cauces federales, y para la ocupación de tierras de propiedad ejidal, comunal o privada, los empresarios mineros podrán hacerlo solo si previamente han firmado convenio con los propietarios y se han comprometido a entregarles al menos 5 por ciento del resultado fiscal al restar contribuciones no deducibles, entre otros aspectos. Aspectos nada despreciables, pero que no son el centro de la reforma.
En materia de aguas los empresarios mineros se llevaron todo. Las concesiones para agua dedicadas a esta industria serán por cinco años prorrogables por el tiempo que dure el proyecto, cosa que, de acuerdo con la duración de la concesión minera, puede ser hasta por 80 años; de manera que las mineras podrán seguir obteniendo 300 o 400 por ciento más del volumen concesionado, sin atender la disponibilidad ni respetar las restricciones aplicadas a agua para uso minero en general; también podrán seguir usando el agua de laboreo sin necesidad de concesión y sin respetar su existencia para satisfacer el derecho humano al agua de los pueblos aledaños. Claramente se nota que el interés de los mineros está en el control del agua y, al parecer, a los diputados esto los tiene sin cuidado.
Lo dicho: bastó la palabra de los empresarios mineros para que la iniciativa presidencial fuera modificada por la Cámara de Diputados. Falta ver que sucederá en la de senadores, donde todo parece indicar que ahí los resultados no serán nada halagüeños para que la nación se beneficie con la explotación de sus recursos naturales.
