n días pasados, la Cámara de Diputados aprobó, con inusual prisa, una serie de reformas a las leyes de minería, de aguas nacionales, del equilibrio ecológico y de protección al medio ambiente. Lo sorpresivo de la iniciativa presentada por Morena y sus aliados es que modifica radicalmente la propuesta enviada por la Presidencia el 28 de marzo. La excusa para reformularla es que, según el reglamento del Congreso, las iniciativas sugeridas por el Poder Ejecutivo no son susceptibles de un procedimiento fast-track. (Toda la discusión, revisión y votación duró tan sólo cuatro horas.) Sin embargo, los cambios introducidos por la diputación son tan severos y radicales, que el prurito del fast-track resulta simplemente un sofisma. La prensa ya ha documentado con precisión estas modificaciones –que de facto trastornan sustancialmente el contenido de la versión de la Presidencia–. Enumero las principales.

1) La iniciativa del 28 de marzo establecía que las concesiones mineras abarcarían un plazo máximo de 30 años; la que se envió al Senado extiende esta licencia a ¡80 años! 2) El monto de la contraprestación a las poblaciones afectadas por las actividades mineras ascendía inicialmente a 10 por ciento; en la iniciativa de San Lázaro esta cantidad se redujo a 5 por ciento. 3) La propuesta de Palacio Nacional señalaba que la autoridad del agua debía cancelar las concesiones si se determinaba que las empresas consumían más de 30 por ciento de la cantidad total disponible según la media anual; en la nueva versión, se eliminó esta disposición, y sólo indica que no se deben otorgar permisos a la profundización de los pozos. 4) En caso de peligro ecológico inminente, el texto original preveía terminar las concesiones; en la ley de Morena se establece que se otorgará un plazo de tres meses para que las empresas atiendan la emergencia, y si no lo hacen se procederá a la terminación. 5) El primer texto proponía que 10 por ciento de los impuestos recaudados se destinaran al desarrollo de la infraestructura de las poblaciones afectadas, así como emprender estudios permanentes sobre la factibilidad ecológica antes de emprender las exploraciones; este párrafo desapareció. 6) También se borró el apartado que obligaba a las empresas a contar con un ingeniero especialista en seguridad del trabajo para evitar accidentes. En suma, la nueva propuesta, que ahora se encuentra en manos del Senado para su discusión, deja las cosas aproximadamente donde estaban hasta ahora. Es decir, una de las más mortíferas ramas industriales de depredación ecológica, social y humanitaria. Ni una palabra sobre el hecho de que la nueva minería –léase: la que surgió en el sexenio de Felipe Calderón– representa, como explica Jorge Peláez, una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, dedicado a la disgregación y control de poblaciones y a impedir, con violencia extrema, las protestas y la organización del sinnúmero de pueblos afectados.

Habría que preguntarse, por supuesto, qué hacía el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la reunión del 20 de abril que conjuntó a los representantes de las empresas mineras con los de Morena en la Cámara de Diputados para discutir el trastocamiento de la iniciativa presidencial. Es evidente y comprensible que, en estos días, cualquiera de los movimientos que realiza uno de los prospectos a la candidatura presidencial se encuentre enfilado hacia esa disputa. Lo que no resulta tan evidente es que los principales poderes fácticos –sobre todo en el mundo del empresariado– parecen haber optado, más que por perfilar su propio partido y candidato –cosa que de todas maneras realizarán–, en intervenir en la selección interna del candidato de Morena. Y a través de ella, apropiarse de la orientación del partido. Por lo pronto y desafortunadamente, el covid impidió que escucháramos la opinión presidencial sobre los drásticos cambios que se le impusieron a su propuesta.

Tampoco se dijo una sola palabra sobre el hecho, como ha señalado Beatriz Olvera, de que las empresas mineras sólo cubren el ISR, que además es mínimo porque siguen trabajando con base en el sistema de outsourcing. (El IEPS y el IVA se los devuelven y nunca han pagado sus obligaciones fiscales por la extracción de oro, plata y platino.) El formato de votación fast-track propicia que el tema a discusión se desvanezca rápidamente de la atención de la opinión pública. Es una estrategia que ha marcado desde hace décadas al conglomerado minero. Actuar siempre en lo oscurito . Con ello se impide que la sociedad cobre conciencia de las dimensiones auténticas de la desproporción entre la devastación ecológica y social que causan y los pobres servicios que rinden a la economía, el trabajo y el bienestar del país. También inhibe que los sindicatos de los trabajadores y las poblaciones afectadas se hagan presentes en el debate.

El dilema de la condición actual de la industria es que sus empresas no son sólo gigantescas consumidoras de agua, sino que saturan a ríos y pozos con sus desechos. Contaminan la tierra, la desertifican y deforestan, y abaten el ciclo de reproducción del agua misma, agudizando su escasez.

Acostumbradas a la protección del calderonismo y de la administración de Peña Nieto, uno de los representantes de las compañías dijo que, de aprobarse la iniciativa del 28 de marzo, las empresas abandonaban el país. Francamente, que se vayan. Hay otras empresas que aceptarían los límites elementales fijados por una producción minera autosustentable.