ace 31 años que la ley minera no se toca y está en completo abandono, es por eso la urgencia de una reforma profunda e integral. Esta idea, que ha tomado aún más relevancia los pasados días, no es nueva: desde diversas áreas del conocimiento y el trabajo en la industria, hemos señalado desde hace tiempo la necesidad de transformar la legislación actual. La pertinencia de reformarla se sustenta en varios argumentos, pero destaco el siguiente: la ley no responde verdaderamente a las necesidades nacionales ni estatales, sino que protege a las grandes empresas mexicanas y extranjeras, permitiendo tanto violaciones a los derechos humanos y a las normas ambientales, como un uso irracional de los recursos minerales que tanto impacto económico representan para México.

Por tanto, la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo el pasado 24 de marzo pretendía subsanar estas dificultades. Asimismo, el 21 de abril se aprobó una iniciativa de reforma que, en algunos términos, se distancia de la propuesta enviada por López Obrador destacando que la iniciativa del Presidente proponía reducir las concesiones a 30 años, mientras que la aceptada en la Cámara de Diputados marca un máximo de 80 años. Si bien ha significado un avance positivo respecto a los 100 años estalecidos en la ley actual, desde el Senado de la República he resaltado la necesidad de una revisión atenta para responder a las verdaderas necesidades de los mineros, de las comunidades y del pueblo de México, y no a las presiones y artimañas de los empresarios mineros más poderosos.

Como es de esperarse frente a proyectos progresistas y novedosos, la desinformación circuló rápidamente, propagando un tono de alarma y fatalismo alrededor de la reforma que presentó el Presidente. Una de las propuestas más impactantes fue la reducción temporal de las concesiones de minas, de 50 a 15 años con sólo una prórroga de la misma duración. Además, de que sólo se otorgarían concesiones mediante un concurso público y con una consulta previa a los pueblos originarios.

Para muchos en el sector empresarial, este planteamiento fue particularmente negativo, pues según ellos tendría un grave impacto en la inversión, especialmente en aquella que busca aprovechar las tendencias de relocalización de cadenas y que ven en nuestro país un destino industrial conveniente. Los drásticos cambios en la obtención de concesiones mineras impactarían estructuralmente en la forma usual en la que se desenvuelve la industria y significaría una modificación radical respecto a las disposiciones sobre las cuales las empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, han invertido en México. Dicha transformación produjo la falsa impresión de incertidumbre e inestabilidad, cuando se buscaba lo contrario: prestar atención a las condiciones bajo las que se explotan nuestros minerales es proteger nuestros recursos y asegurarlos para futuras generaciones.

Es importante destacar que la propuesta original sembró preocupación en ciertos sectores de la población, pero la realidad es que la reforma obedecía a los intereses del pueblo y a la preservación de las comunidades indígenas y afromexicanas que tantos abusos industriales han sufrido; además, de que privilegiaba el cuidado ambiental, tema apremiante frente a la crisis climática; y, por último, ponía de relieve los derechos laborales de las y los mineros. En efecto, el ataque al planteamiento, en el fondo, se articuló desde la negativa, de alguna parte del sector empresarial, a ampliar sus responsabilidades sociales y económicas para lograr una mejor distribución de los recursos. Frenar la reforma sería apostar por la conservación de tiempos absurdos de concesiones, que emplean el territorio para la especulación, el enriquecimiento de la cúpula empresarial y la impunidad total en la que se desenvuelven los barones de la minería.

Desde mi regreso a México como senador, he insistido en la pertinencia de transformar a profundidad el sector minero. Si bien sabemos que es una de las industrias que más contribuye a la economía de nuestro país, los obstáculos de la legislación vigente impiden su máximo desarrollo. Empero, es importante cuestionar nuestra idea de desarrollo, pues podríamos caer en la confusión neoliberal de entenderlo como el saqueo y explotación desmedida de nuestros recursos, sin cuidado ambiental ni social. El verdadero progreso sucede cuando todas y todos somos partícipes de él; siguiendo esa línea, la reforma que se encuentra en discusión por senadoras y senadores es un primer paso para ampliar los beneficios de la minería y lograr el avance de todo el país, no sólo el de una población reducida y privilegiada.

Si bien se retoman puntos positivos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, se aleja de algunos como la duración de las concesiones y las evaluaciones de impacto. Por tanto, destaco la importancia de avanzar y aprobar esta iniciativa para transformar el sector y promover posteriormente la exigencia ineludible de los estudios de impacto ambiental y social para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos y la preservación natural. Asimismo, pongo el acento en los estudios de impacto no sólo para ganar la concesión, sino para vigilar de cerca que en ningún momento se dañe a la naturaleza. Además, propongo que dichos estudios sean accesibles para la solicitud de información en el Registro Público de Minería.

Es pertinente ampliar las sanciones para proteger la vida y la salud de las y los trabajadores, pues sabemos que la irresponsabilidad de las empresas no será resuelta sino por medio de estas medidas, de tal suerte que podamos reducir el índice de accidentes y tragedias en la industria. Por otro lado, la propuesta de reforma elaborada por las y los diputados no se consultó con las pequeñas y medianas empresas mineras, tampoco con las comunidades ni con las y los trabajadores mineros, por lo que tenemos un pendiente en democratizar la propuesta.

La expectativa es que con la reforma se sienten las bases racionales, éticas y de responsabilidad social para transformar el sector en uno respetuoso de los derechos humanos y de uso consciente de los recursos naturales. Es indispensable modernizar la minería sobre estructuras más justas que genuinamente contribuyan e impulsen la prosperidad compartida. Eso sólo es posible si los empresarios transforman su visión del trabajo y se responsabilizan verdaderamente de su papel activo en la construcción o destrucción de la industria. Además, es necesario una labor coordinada entre el Estado, la clase trabajadora, las empresas y las comunidades para caminar por un sendero más benéfico para nuestro país no sólo económicamente, sino a nivel social y ambiental. Por tanto, hoy es un momento crucial para hacerle frente a las presiones de las más grandes y viles empresas mineras y revertir los graves daños de la legislación vigente.

Considero que la reforma a la ley minera debe aprobarse para no posponer la explotación y abuso desmedido que la legislación actual permite; sin embargo, señalo firmemente que dicha aprobación está sujeta a trabajo posterior; es por eso que propongo que una vez aprobada dicha reforma, se celebre un parlamento abierto el próximo periodo legislativo con especialistas, trabajadores, comunidades y representantes de todos los involucrados en la minería, para socializar la reforma y que genuinamente responda a las necesidades actuales. Ninguna reforma es estática o inamovible, dado que las condiciones sociales, económicas y políticas de una nación están siempre en movimiento. Si el desarrollo de la minería es esencial para nuestro crecimiento como país, entonces debemos actuar con efectividad, congruencia e inteligencia, y hacerle frente a los intereses y las presiones de algunas empresas de México y el extranjero que se oponen a que la nueva legislación garantice el avance y el beneficio integral de las y los mexicanos.