El Senado aprobó ayer por unanimidad una reforma a la Ley General de Comunicación Social, que elimina el tope de 0.1 por ciento del presupuesto que tienen estados y municipios para gastar en publicidad.

Los gobiernos estatales y municipales podrán fijar para gasto en publicidad el monto que consideren adecuado, con austeridad, economía y racionalidad presupuestaria, según la reforma, que será remitida al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El tope en publicidad era parte del plan B de la reforma electoral, cuya validez constitucional está bajo análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La oposición celebró que se corrija ese error, al destacar que los estados interpusieron una buena parte de las controversias contra la reforma para impugnar ese límite.

La morenista Mónica Fernández, quien presentó el dictamen ante el pleno senatorial, resaltó que las acotaciones al gasto publicitario buscan combatir el despilfarro de bienes y recursos nacionales y permitir una administración recta y prudente del erario, al momento de informar a la población sobre las actividades oficiales.

Rafael Espino de la Peña, también de Morena, subrayó que el tope de 0.1 por ciento es con respecto al presupuesto de egresos. Con la modificación, cada entidad federativa gana en autonomía, lo que permite el fortalecimiento del pacto federal, señaló.

La oposición aprovechó el asunto para señalar que tenía razón al rechazar el plan B.

Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, manifestó que en diciembre pasado, cuando se aprobó la reforma electoral, advertimos que había una violación y, por ello, hay incoadas 168 controversias constitucionales en la Corte, que denuncian lo que reclamamos en diciembre y que ahora se está corrigiendo.

Añadió que fue un error cometido por la mayoría y la felicitó por reparar el daño, pero queremos decir aquí con toda claridad: se los dijimos.

Damián Zepeda (PAN) calificó como correcta la idea de poner un tope al gasto de comunicación social, pero adujo que no se puede hacer de manera pareja.

Mientras para el gobierno federal el límite de 0.1 por ciento significa 8 mil millones de pesos, para municipios con presupuesto de mil millones ese tope es de un millón de pesos, recurso que pone en riesgo las funciones de comunicación social, señaló Zepeda.

Explicó, además, que al fijar ese porcentaje para estados y municipios, el Congreso asumió funciones que no le corresponden, pues no se puede meter con las haciendas locales.

Al responder a las críticas, el morenista Elí César Eduardo Cervantes consideró preocupante que la oposición quiera sacar raja política de este punto, cuando tuvieron la oportunidad y nunca hicieron una propuesta al respecto.

Tras revisar el asunto, declaró que se pudo ver que para algunos municipios el límite de 0.1 por ciento no podría ser suficiente. Para rematar su intervención desde la tribuna, apuntó que a diferencia de otros partidos, Morena puede dialogar y escuchar y es responsable en sus decisiones.