Oaxaca, Oax., Integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), acompañados por la Red Estatal de Víctimas Tomás Martínez y la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, presentaron ayer una iniciativa ciudadana para tipificar las ejecuciones extrajudiciales como delito en el Código Penal del estado de Oaxaca. Con ello se pretende evitar casos como el desalojo fallido en Asunción Nochixtlán en 2016, donde perecieron seis civiles.

Las organizaciones acudieron ayer al Congreso local, donde se reunieron con integrantes de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, a quienes entregaron su propuesta que, señalaron, intenta acabar en la entidad con las ejecuciones extrajudiciales y con otros abusos de las fuerzas policiales.

Santiago Ambrosio, dirigente del Covic, expuso que esta iniciativa ciudadana busca establecer como delito la conducta de los miembros de las corporaciones de seguridad pública que, con o sin el consentimiento de autoridades del Estado, priven de la vida a una o más personas; planteamos que se les castigue con penas de 50 a 70 años de prisión.

Destacó que la propuesta también contempla el incremento de la sanción si los motivos de esas acciones son políticos. Acotó que otra finalidad es evitar el uso excesivo de la fuerza de corporaciones policiacas, y obligar a los gobiernos del estado y de los municipios a formar y capacitar mejor a sus elementos.

Reprochó que los gobiernos federal, estatales y municipales han utilizado a los cuerpos policiacos contra manifestaciones sociales. Se ha asesinado a luchadores sociales y defensores de derechos humanos, se ha desaparecido y torturado a personas, todo ello por órdenes de autoridades del Estado mexicano, convirtiéndose en una práctica sistemática y generalizada que ha derivado en una serie de graves violaciones a los derechos humanos.

Recordó que el 19 de junio de 2016, último año de gobierno de Gabino Cué (2010-2016), la Policía Federal y su área de Gendarmería, así como las policías estatal y vial estatal pretendieron desalojar en Asunción Nochixtlán a pobladores y maestros que demandaban la derogación de la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se autorizó el uso de armas de fuego contra los manifestantes, lo que dejó un saldo de seis civiles muertos y más de 100 heridos.

Según Santiago Ambrosio, esto no fue un caso aislado, sino parte de una larga lista de sucesos similares. Nochixtlán constituye la última masacre perpetrada por agentes del Estado en contra de una forma de protesta social.

Expuso que ahora el partido Morena, mayoría en el Congreso estatal, puede demostrar que es un partido de izquierda avalando esta iniciativa ciudadana. Igualmente, resaltó que en México no está configurado el delito de ejecuciones extrajudiciales, de ahí la importancia de esta propuesta.