En vísperas del 16 aniversario de la despenalización del aborto en la Ciudad de México (24 de abril), agrupaciones feministas y defensoras de derechos de las mujeres lamentaron que, a más de tres lustros, apenas en 11 entidades la interrupción del embarazo esté avalada.

Católicas por el Derecho a Decidir destacó que se debe garantizar la autonomía reproductiva, para lo que debe haber servicios de aborto seguro y atención posterior; impartir educación integral en sexualidad desde una perspectiva laica y libre de culpas e implementar programas y políticas ajenas a la injerencia de las iglesias y grupos fundamentalistas religiosos.

El último estado que despenalizó el aborto fue Quintana Roo, en octubre de 2022. El año pasado, los congresos de Sinaloa, Guerrero y Baja California lo aprobaron.

La Fundación MSI, Hijos por elección hizo hincapié en que aún falta garantizar la legalidad y acceso en 21 estados del país. Destacó algunos avances en el á sobre el derecho a decidir de las mujeres y gestantes, entre ellas la Norma Oficial Mexicana 046, que respalda en todo el país a quienes desean interrumpir un embarazo producto de una violación. Su palabra es suficiente para tener acceso a este servicio de salud y la histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de septiembre de 2021, que refiere que ninguna mexicana debe ser criminalizada por abortar.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida destacó que en los estados donde la interrupción del embarazo está despenalizada prevalecen algunas barreras en los servicios públicos de salud para hacer efectivo el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.

Los obstáculos que enfrentan las mujeres se relacionan con la prestación del servicio, información disponible, presupuesto y escasez de medicamentos. Además, prevalece el estigma social.

Sobre la falta de fármacos señaló que hay desabasto de misoprostol y mifepristona en algunos estados y precisó que la prestación del servicio está centralizada, lo que implica que las mujeres que están en zonas alejadas de las capitales tienen acceso restringido al aborto.