Querétaro, Qro., La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) emitió la recomendación (254) 1/2023 contra la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la subsecretaría de Desarrollo Político y Social de la Secretaría de Gobierno, por el desalojo de inconformes con la privatización del servicio de agua potable el 10 de junio de 2022.

A 10 meses del operativo violento que realizaron granaderos, en el que resultaron golpeadas varias personas y hubo tres detenidas, la defensoría determinó que se acreditó la violación a los derechos humanos de reunión pacífica, libertad personal, integridad personal, legalidad y seguridad jurídica de las personas que participaron en la movilización.

La indagatoria de la DDHQ concluyó que la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social omitió entablar un diálogo abierto, incluyente y fructífero con los manifestantes, antes y durante su desarrollo, con la finalidad de recibir, escuchar, atender y dar respuesta conforme a la ley a sus peticiones, así como por no haber cumplido con su obligación constitucional de respetar, proteger y garantizar el derecho humano de reunión pacífica.

También se acreditó que la SSC “omitió promover un entorno propicio para el desarrollo de la manifestación pacífica, además de que hicieron uso de la fuerza pública en contra de ésta, efectuando la detención de tres personas, quienes se encontraban en ejercicio de dicha prerrogativa".

El año pasado, más de cien personas demandaron frente a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) el diálogo abierto y público con el vocal ejecutivo de esa dependencia debido a la aprobación de la llamada Ley de Aguas en mayo de 2022, por mayoría de diputados panistas del Congreso estatal, la cual, según los inconformes se trató de la privatización del servicio del líquido.

En esa ocasión, tras publicar la ley, el gobernador del estado, el panista Mauricio Kuri González, declaró que la norma era una buena noticia para Querétaro.

Al no ser atendidos por los funcionarios de la CEA, los inconformes cerraron la avenida 5 de Febrero, una de las más importantes del municipio capitalino por lo que fueron desalojados por granaderos.

Por lo anterior, la defensoría pidió establecer de manera clara la cadena de mando y atención para este tipo de eventos, a fin de prevenir, delimitar, controlar y sancionar de manera efectiva sus actos u omisiones, acorde con los protocolos en la materia, así como a los parámetros nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.