La minuta de la nueva Ley de Minería fue turnada a comisiones en el Senado de la República y la intención de Morena y sus aliados es que se apruebe en la sesión del próximo martes y se turne al Ejecutivo federal para que se promulgue.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal comentó que en las comisiones de Minería y de Estudios Legislativos –que son las dictaminadoras– sus integrantes están en libertad de decidir la ruta, aunque a su juicio no es recomendable que se le dé fast track.

En la bancada guinda, buena parte de los legisladores comparten la preocupación del senador Napoleón Gómez Urrutia por los cambios que los diputados hicieron a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que fueron por presión de los grandes empresarios agrupados en la Cámara Minera.

Sin embargo, valoran que de modificar la minuta y regresarla a San Lázaro, se quedaría para el próximo periodo de sesiones, en septiembre, en plena efervescencia electoral, lo que haría más complicado que se apruebe y más allá de los cambios se trata de un nuevo marco regulador encaminado a acabar con los excesos de las empresas nacionales y extranjeras que explotan la riqueza minera del país.

Sobre el tema, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, cuya bancada votó en contra de la reforma, consideró que dejar en 80 años las concesiones mineras sigue siendo algo muy elevado y es importante estar pendientes de que la ley proteja la situación ambiental, así como de la devastación que, a veces, dejan las empresas extranjeras del ramo.

Señaló que la actividad minera es una actividad necesaria, pero también deja muchos destrozos y, por eso, es importante hacer algo para que bajen las quejas.

Los senadores de Morena tampoco están de acuerdo con esa modificación, ya que en la ley actual, reformada en 1992 por Carlos Salinas de Gortari, se establecieron concesiones por 50 años, prorrogables por otros 50, por lo que un empresario podía explotarla hasta por un siglo, lo que le permitía heredarla y especular con los terrenos.

El Presidente proponía concesiones de 15 años, renovadas por otros 15, pero los diputados dejaron en 30 años la primera concesión, con dos renovaciones de 25 años cada uno.

En la exposición de motivos de la iniciativa del ejecutivo federal se establece que el objetivo es recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano y que son del dominio directo de la nación, mediante la regulación del otorgamiento, mantenimiento supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para las actividades del ramo.

El presidente López Obrador propone en su iniciativa eliminar el carácter preferente de la actividad minera, el derecho de las personas titulares de las concesiones de obtener la expropiación de un terreno y establece la obligación de determinar los impactos sociales de cada concesión minera.

En la minuta que se aprobó la madrugada del jueves en la Cámara de Diputados se asegura que esos propósitos se mantuvieron.