Las trabajadoras de los cinco Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de México reiniciaron paros de labores y ayer tomaron la coordinación del organismo para exigir la destitución de su titular, a quien acusan de haber hecho contrataciones de forma irregular.

Silvia López Blas, secretaria general de la delegación D-III-183, de la sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), explicó que las casi 300 empleadas de los Cendis no han acudido desde el lunes pasado en demanda de la salida de la coordinadora de los centros, Alejandra Godoy Santos.

Las trabajadores de los Cendis ya habían realizado un paro de labores –aunque con las instalaciones abiertas del 3 al 14 de marzo– para denunciar que Godoy contrató al menos a 11 personas para trabajar en estos recintos de atención infantil al margen de los procesos de incorporación que el IPN debe realizar en conjunto con el SNTE.

El jueves, las inconformes realizaron un mitin en el Monumento a la Revolución y más tarde fueron recibidas por funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, quienes se comprometieron a instalar una mesa de diálogo el próximo lunes 24, en la cual se discutirá la posible salida de Godoy.

La presencia de dicha funcionaria es insostenible. La inconformidad surge porque hubo una serie de contrataciones de personal de forma ilegal e irregular, porque tenemos convenios de selección y admisión donde se establecen los mecanismos de ingreso, que se discuten en las comisiones mixtas paritarias, con presencia de representantes del IPN y el SNTE, dijo López.

Luego de que las trabajadoras de los Cendis documentaran la contratación de 11 empleados al margen de dicho esquema, las autoridades prometieron rescindir su contrato, pero no lo hicieron. Es más, algunos ya cumplieron su contrato y se los están renovando, lo cual exacerbó los ánimos, en vez de apaciguarlos.

López Blas enfatizó que, al generar inconformidad entre el personal de estos centros, las autoridades están afectando a unos mil 500 niños y niñas que no pueden recibir servicios de cuidado, pero también al propio Politécnico, pues los padres de los menores –trabajadores, académicos y administrativos del instituto– solicitan que se les otorgue una licencia para no ir a trabajar y poder cuidar a sus hijos.