os derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (desca) están principalmente encaminados a construir condiciones de vida colectivas, sostenibles y dignas. Dentro de los desca se encuentra el derecho a la alimentación adecuada o bien comer, cuyo cumplimiento, protección y garantía es obligación del Estado mexicano. Sin embargo, hay una preocupación social latente sobre la próxima decisión legislativa en torno a la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible que se encuentra en discusión en las comisiones de Desarrollo y Bienestar Social, y Estudios Legislativos Segun-da del Senado, pues existe la posibilidad de que, ante la desaprobación de esta iniciativa, se vulnere la protección y garantía del derecho al bien comer.
Al comer, todas las personas generamos una experiencia propia, pues pocos derechos como la alimentación tienen la peculiaridad de incitar a la participación social, desde la cocina y el campo hasta el Estado mexicano, en donde las comunidades conjuntan estrategias territoriales para su realización con sentido de gobernanza, corresponsabilidad y sostenibilidad. Desde el principio de interdependencia, el derecho a la alimentación es un derecho bisagra, es decir, es fundamental para el cumplimiento de otros. La mala nutrición ocasionada por una alimentación inadecuada, falta de alimentos suficientes, saludables, accesibles y de calidad, provoca afectaciones en los procesos mentales, físicos, emocionales y del tejido social, cuyos impactos son principalmente en infancias, mujeres, poblaciones campesinas e indígenas, vulnerando los derechos a la salud, a la educación y al trabajo. En ese sentido, gran parte de las personas adultas en México padecen sobrepeso u obesidad, aunado al riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hígado graso, síndrome metabólico y algunos tipos de cáncer. Estos padecimientos son prevenibles y controlables con una alimentación adecuada, y que se ha excedido en el uso de medicinas para su tratamiento.
Anemia, enanismo, ovario poliquístico, caries y avitaminosis están presentes en infancias y adolescencias por ausencia de alimento e inaccesibilidad a una dieta nutritiva, suficiente y de calidad. Esta falta de calidad en la alimentación diaria puso a millones de personas en riesgo de fallecimiento durante la pandemia por covid-19 y, a su vez, ha causado la muerte de más de un millón de niños y niñas por falta de atención alimentaria oportuna en los últimos 40 años (http://fonan.nutricionenmexico.com).
El derecho a un medio ambiente sano, el cuidado del campo, del agua y la biodiversidad, también dependen del sistema alimentario, así como la promoción de economías locales, la generación de empleos derivados de la cadena productiva y alternativas al sistema extractivista. La continua presencia de la comida chatarra, el maíz transgénico y el abuso de agrotóxicos en los campos, sin comunicar a la sociedad sobre los impactos de su consumo, vulnera el derecho a la información.
La forma de comer de un pueblo o comunidad define su sistema de vida, por lo que aprobar esta Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible podría asentar no sólo un logro histórico, sino un sustento normativo que promueva una política alimentaria y nutricional con base social que permita la construcción de condiciones dignas para el desarrollo personal y colectivo. Es importante recordar que ésta ha sido una lucha iniciada por manos campesinas, acompañadas por la academia y organizaciones civiles que, luego de más de dos décadas de camino, logró que se reconociera constitucionalmente el derecho a la alimentación adecuada en 2011. Este triunfo campesino y social quedó opacado en la espera de una ley general como garantía para su materialización, pero fue gracias a la lucha y persistencia colectiva que eso se hizo posible el día de hoy.
Vulnerar el derecho a la alimentación provoca enfermedades, muertes, tristezas y angustias, e incrementa los índices de pobreza y desigualdad. Asegurar su garantía a través de condiciones culturalmente adecuadas, sostenibles, accesibles y asequibles es una apuesta política y colectiva para fortalecer el tejido social, sostener y dignificar la vida de miles y miles de personas.
Si bien la aprobación legislativa alimentaria culminaría en unas cuantas horas, su impacto histórico puede impulsar a todo un pueblo, capaz de resolver problemas de formas sustentables desde las economías solidarias al gozar de una alimentación multicultural adecuada que permita habitar y sostener una vida digna en sus comunidades y lugares.
Agradezco a Julieta Ponce Sánchez, integrante del Centro de Orientación Alimentaria (COA Nutrición) y de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, por su colaboración para esta columna.
* Coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
