Madrid. El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, está en una crisis interna a raíz de lareforma de la ley del sí es sí o la legislación orgánica de garantía integral de libertad sexual.

En la votación parlamentaria del pasado miércoles en el Congreso de los Diputados se aprobó la modificación con los votos a favor del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el derechista Partido Popular (PP), Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y Foro Asturias, mientras sufragaron en contra los habituales aliados de la izquierda del gobierno, incluido el otro socio en el poder, Unidas Podemos, además de Esquerra Republicana de Catalunya y EH-Bildu.

La reforma abrió una grieta en el gobierno de izquierda, a raíz de las diferencias entre los dos partidos de coalición por las consecuencias indeseadas de dicha enmienda, lo que provocó la reducción de penas a casi mil agresores sexuales, incluso pederastas, y la excarcelación de 107, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

La modificación de la ley no evitará que se sigan revisando sentencias de delitos previos, pero sí condicionará las condenas a futuro. El contenido de la nueva ley, una vez aprobada por el Senado, permitirá mantener la esencia del marco impulsado por el Ministerio de Igualdad, presidido por la líder de Podemos, Irene Montero, en la que se afirma: Sólo se entenderá que hay consentimiento (de mantener relaciones sexuales) cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona y se consideran, en todo caso, una agresión sexual aquellos actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada su voluntad.

Desde el inicio de la legislatura, hay numerosas fricciones al interior del gobierno, como cuando se registró la peor tragedia de migrantes en la frontera entre Melilla y Marruecos, en la que murieron 23 indocumentados en una avalancha reprimida brutalmente por las policías marroquíes y españolas; o sobre la guerra en Ucrania, ante la decisión del Ejecutivo español de enviar material de guerra al gobierno de Kiev, o con las políticas anticrisis del control de los precios de los alimentos o el tope al incremento a los alquileres de la vivienda.

Pero la culminación de la división en el seno del gobierno llegó en la sesión parlamentaria en la que se modificó la ley del sí es sí. En este contexto, los sondeos electorales advierten la debacle del actual bloque de gobierno en caso de que persista la fractura. La mayoría de las encuestas, salvo la del órgano público del Centro de Investigaciones Sociológicas, coinciden en que el PP será el partido más votado, seguido del PSOE y que la clave para la formación del futuro gobierno será quien ocupe la tercera plaza. Las elecciones generales serán a final de año.

Si lo hace la extrema derecha de Vox, es probable que gobierne una coalición de derechas. Pero si lo hace la emergente alianza de izquierda agrupada en Sumar, pendiente de que Podemos se una, lo más probable es que se revalide la actual fuerza gobernante, pero es crucial que concurran a los comicios unidos los bloques de izquierda.