Guanajuato, Gto., La Fiscalía General del Estado (FGE) archivó 25 denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) por presuntos daños al erario calculados en 10 millones 552 mil pesos.

El informe de Labores 2022 de la auditoría general, entregado a la Comisión de Hacienda del Congreso, detalla que la fiscalía dio carpetazo a las denuncias que datan de 2014 a 2019.

Las querellas eran contra servidores públicos de San Luis de la Paz, Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío, Jaral del Progreso, Pénjamo, San Felipe, San Miguel de Allende, Tarimoro, Coroneo, Tierra Blanca, Villagrán, Jerécuaro, Sistema de Agua de Salvatierra, Secretaría de Turismo, Poder Ejecutivo y Romita.

El fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Antonio Medina Torres, guardó una denuncia por presunto daño de 8 millones de pesos a la Secretaría de Turismo.

La ASEG detectó que, en 2017, la Secretaría de Turismo – cuando el titular era Fernando Olivera Rocha– pagó 8 millones de pesos a la empresa News Media para la difusión de una campaña en revistas y espectaculares de varias ciudades de Estados Unidos.

Se observa que la evidencia proporcionada no acredita la realización de la campaña contratada, determinó la Auditoria Superior, pero la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción archivó el caso al considerar que no había delito.

La ASEG argumenta que no puede impugnar el archivo de las denuncias porque no tiene el carácter de víctima.

Perdona a alcalde

Asimismo, la auditoría del estado denunció al ex alcalde de San Miguel de Allende (2012-2015), Mauricio Trejo Pureco, por usar 779 mil pesos del erario para pagar el sueldo de dos empleados de su bar El Grito.

El caso fue judicializado y Mauricio Trejo Pureco –nuevamente presidente municipal (2021-2024) de San Miguel de Allende–, fue vinculado a proceso en febrero del 2021, sin embargo, el 10 de enero de ese año, la juez de Control Marcela Ramos Rodríguez decretó el sobreseimiento de la causa penal a petición del abogado defensor Pablo González Sierra, quien utilizó la investigación de la fiscalía como elemento a favor del imputado.

La ASEG detectó que los trabajadores del bar El Grito, Diego García y Claudia Barragán, eran aviadores en la tesorería municipal.

La investigación complementaria del Ministerio Público se basó en entrevistas realizadas a delegados, comisarios ejidales, funcionarios y prestadores de servicio que tienen una relación de subordinación y comercial con Trejo.

Aunque estaban asignados a Tesorería, los testigos de la Fiscalía afirmaron que Diego era el encargado de colocar mobiliario en eventos y que Claudia era asistente del alcalde.

Fue la Fiscalía quien obtuvo las pruebas, fue ella quien preguntó, fue ella quien obtuvo la información, no solamente no la refutamos, estamos de acuerdo con ella, resaltó en la audiencia Pablo González.

Ahí está la claridad de las cosas y me pongo en sus manos, dijo Mauricio Trejo a la juez de Control.