A partir de este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará a resolver diversos asuntos sobre la intervención del Ejército en labores de seguridad pública, analizará si es constitucional que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenga el control de la Guardia Nacional (GN), y si esta corporación puede intervenir en labores de control migratorio.

Para empezar, el pleno de ministros retomará la votación de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las reformas a los códigos de justicia militar, donde quedaron pendientes puntos nodales.

El principal es la posibilidad de que los militares puedan interceptar comunicaciones de civiles, por ejemplo las de teléfonos celulares, sin necesidad de una autorización expresa de un juez del fuero civil.

Sobre este punto, ya siete ministros se han manifestado por prohibir estas operaciones, por lo que sólo es necesario que otro de los integrantes del pleno sume su voto para que la SCJN declare inconstitucional esta práctica.

A continuación, el máximo tribunal entrará al análisis de la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición en contra de las reformas legales que permitieron que la GN pasara a ser parte de la Sedena.

El proyecto de resolución presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone invalidar esta decisión, pues afirma que el mandato de la Constitución es que la GN sea una corporación civil.

Resultaría en un fraude a la Constitución federal considerar que esa institución policial conserva su carácter civil y se rige por una doctrina policial, si sus integrantes son militares en activo, sometidos a la jurisdicción y al régimen disciplinario militar, señala el proyecto que requerirá de una mayoría calificada de ocho votos para ser aprobado.

Impugnan apoyo a policías y a labores migratorias

Con base en lo que resuelvan en este tema, la Corte analizará a continuación un amparo promovido contra la Ley de la Guardia Nacional. En este asunto la ponente es la ministra Loretta Ortiz Ahlf, cuyo proyecto va por negar y avalar las funciones de la GN en apoyo a las policías estatales y municipales.

Finalmente, en la lista aparece el proyecto de la acción de inconstitucionalidad 62/2019, también interpuesta por la CNDH, en la que impugna varios artículos de dicha legislación.

El proyecto, elaborado por el ministro Javier Laynez Potisek, propone acotar la presencia de la GN en las estaciones migratorias al señalar que sólo es aceptable para mantener el orden público y únicamente en su exterior.

No es posible afirmar que al interior de las estaciones migratorias exista un riesgo para la seguridad pública que justifique la presencia de la Guardia Nacional en su interior, pues las personas que aguardan a que se determine su situación migratoria no constituyen un peligro para la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas o para el orden público y la paz social.