El ex mandatario niega responsabilidad por la insurrección de sus seguidores contra el gobierno
Sábado 15 de abril de 2023, p. 19
Brasilia. Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó ayer a la policía que convoque al ex presidente Jair Bolsonaro en un plazo de 10 días para declarar en el marco de una investigación por la asonada del 8 de enero en Brasilia por parte de miles de seguidores del ultraderechista.
Determino que la Policía Federal proceda a la audiencia de Jair Messias Bolsonaro, en el plazo máximo de 10 días
, resolvió en su decisión el magistrado del STF, Alexandre de Moraes.
La autoridad judicial no informó hasta el momento cuándo convocará a Bolsonaro.
El ex presidente, quien se encontraba en Orlando, Estados Unidos, el día de los ataques a las sedes del STF, el Congreso y el Palacio presidencial del Planalto, comenzó a ser investigado por los actos vandálicos el 13 de enero por decisión de Moraes.
Fue incluido, a pedido de la fiscalía, en la pesquisa que busca determinar quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del saqueo a las sedes de los poderes públicos.
La fiscalía citó un video que el ex mandatario subió a sus redes sociales el 10 de ese mes, dos días después de los ataques, cuestionando el resultado electoral de octubre pasado, cuando fue derrotado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las presidenciales de 2022.
La audiencia de Bolsonaro es indispensable para el completo esclarecimiento de los hechos investigados
, manifestó Moraes en su decisión.
El 8 de enero miles de seguidores de Bolsonaro, inconformes con la victoria de Lula en las presidenciales, invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes. Clamaban por una intervención militar para derrocar a Lula da Silva, a una semana de su asunción.
Bolsonaro ha negado cualquier participación en los hechos vandálicos por parte de sus seguidores y por los que hubo más de mil 800 detenidos. El ex mandatario enfrenta además otras cuatro pesquisas en el máximo tribunal con penas susceptibles de prisión, además de más de una decena de procesos administrativos en el Tribunal Superior Electoral, por presunto abuso de poder político y económico durante el proceso electoral de 2022.