La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una nueva recomendación al titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño; en esta ocasión, por el hacinamiento y las condiciones indignas de alojamiento de personas en contexto de movilidad en las estancias de Piedras Negras y Saltillo, Coahuila.

Estos hechos fueron acreditados entre abril y mayo de 2022, pero a la fecha no hay evidencia de que se haya realizado algún procedimiento administrativo para atenderlos.

La comisión pidió que se repare el daño a los afectados y se efectúen las gestiones necesarias para que, en el ámbito de sus atribuciones, se analice la viabilidad y pertinencia de crear y habilitar una estación concentradora en Coahuila, que tome en cuenta el flujo migratorio en ese estado, para que pueda contar con la capacidad técnica y humana necesaria.

En la recomendación 34/2023, detalla que derivado de las actividades de verificación que desarrolló su personal el 11 de abril de ese año, acreditó que la estancia provisional de Piedras Negras había aproximadamente 250 indocumentados, en malas condiciones de alojamiento y hacinados, dado que el lugar tiene capacidad para alojar a 88.

Además, se confirmó que muchos dormían en colchonetas sobre el piso, que no contaban con regaderas ni aire acondicionado, aunado a que había niñas y niños conviviendo con adultos. Destacó que dicha situación se agravó para el 17 de mayo de 2022, cuando se informó sobre la presencia de 306 personas alojadas, lo que provocó un incendio en el área de varones.

Mientras, en la estancia provisional de Saltillo, entre el 12 y 13 de mayo de 2022 había 185 extranjeros alojados, cuando la capacidad es para 30. Indicó que con el análisis de las pruebas, se acreditó que el instituto transgredió la Ley de Migración, que establece la obligación de mantener sus instalaciones adecuadas y evitar hacinamiento de personas.

Además, señala, se incumplió con la obligación de realizar la notificación inmediata, al tratarse de puestas a disposición de niñas, niños o adolescentes, y se verificó que tampoco se solicitó oportunamente su canalización a un centro de asistencia social del DIF.

La CNDH expuso que quedó evidenciado que al menos cuatro servidores públicos señalados como responsables incurrieron en omisiones.