La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal giró órdenes de aprehensión contra los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) señalados como posibles responsables del incendio registrado en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas.

Los mandatos incluyen al contralmirante en retiro Salvador González Guerrero, delegado del instituto en esa entidad; a Juan Meza Cumplido, subdirector del Grupo Beta en Juárez; Cecilia Rivera Tena, subrepresentante en la localidad de Rodrigo M. Quevedo, y a Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de departamento de recursos materiales. De éstos, solo el primero falta por ser detenido.

A todos ellos se les señala directamente como responsables de las conductas que llevaron al deceso de 40 migrantes y causaron lesiones a otros 25.

De acuerdo con testimonios, González Guerrero sería quien autorizó el operativo para retener a los indocumentados en la estación migratoria, a petición de funcionarios municipales.

En tanto, se citó al director general del INM, Francisco Garduño Yáñez, y a Antonio Molina Díaz, director de Control y Verificación Migratoria, para que declaren ante un juez federal por ejercicio indebido del servicio público, el cual no es considerado grave, por lo cual podrían seguir su eventual proceso en libertad.

“El Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, concedió a la FGR la solicitud de citación para llevar a cabo las audiencias iniciales de formulación de imputación a Antonio N y Francisco N, señalando como fechas el 20 y 21 de este mes, respectivamente”, informó la fiscalía. Añadió que será en estas audiencias donde dará a conocer las imputaciones y pruebas de sus investigaciones.

Había pedido que las audiencias se hicieran por videoconferencia, pero la administradora del Centro de Justicia Federal de Chihuahua, Silvia Alejandra Gutiérrez Tristán, señaló que deben ser presenciales.

También pidió a la FGR estar preparada para el caso de que Garduño se declare culpable, se allane a un procedimiento abreviado o negocie un acuerdo reparatorio con las víctimas, a fin de evitar ir a juicio.