Madrid. Cientos de miles de personas se manifestaron de nuevo ayer en toda Francia contra la reforma de las pensiones del presidente, el conservador Emmanuel Macron, en un último intento de hacer presión un día antes de la determinante decisión del Consejo Constitucional sobre la validez legal del proyecto, informó la prensa francesa.

En la duodécima jornada de movilizaciones se registró una afluencia masiva en las 280 protestas y marchas, las más multitudinarias fueron en París, Lyon, Nantes y Masella, con una convocatoria a escala nacional de más de 1.5 millones de personas, según la Confederación General del Trabajo, y alrededor de 380 mil, de acuerdo con el Ministerio del Interior, cifras distantes a los 3.5 millones registrados en la protesta del pasado 7 de marzo.

Al margen de las maniobras políticas para detener la reforma, en las calles se vivieron nuevamente enfrentamientos entre manifestantes y policías. En la capital fueron detenidas 36 personas y 10 agentes resultaron heridos, uno de gravedad, según la prefectura de policía.

Entre los objetivos de los inconformes hubo algunos comercios de lujo, como la sede de la marca exclusiva LVMH, en París, donde trabajadores entraron con bengalas y la consigna: Si buscan dinero para financiar las pensiones, tómenlo de los bolsillos de los multimillonarios, relató Fabien Villedieu, representante del sindicato Sud Rail. Precisó que el acto fue simbólico y pacífico.

Cuando en la mayoría del país siguen vigentes los paros laborales en varios sectores, como la colecta de basura, la energía y el transporte, una encuesta del Instituto Ifop confirmó que el rechazo social al proyecto aún es mayoritario, al situarse por encima de 62 por ciento.

La reforma pretende aumentar dos años la edad de la jubilación, que pasará de 62 a 64, añadir un año de cotización para acceder al sistema, de 42 a 43, y suprimir una serie de derechos laborales históricos. Lo que más provocó la ira de la sociedad fue que Macron sacó adelante su iniciativa con el ar­tículo 49.3 de la Constitución, para saltarse la votación en la Asamblea Nacional y aprobarla por decreto.

El fondo del proyecto será el punto que analizarán y dictaminarán a las 18 horas de hoy el Consejo Constitucional, que funge como alto tribunal y está integrado por nueve sabios, entre los que figuran varios ex líderes políticos, como el socialista Laurent Fabius o el conservador Alain Juppé.

Organismo consultor

Todas las miradas estarán puestas en este organismo consultor, cuya sede se encuentra en la céntrica calle parisina de Monpensier, que desde antenoche cuenta con un dispositivo policial y sus las calles aledañas fueron cerradas para evitar que sea bloqueado el acceso.

Durante las movilizaciones de ayer algunos manifestantes intentaron cerrar las vías de ingreso con contenedores de basura y bolsas con reciduos, pero la policía los repelió, limpió la zona y tomó el control de la entrada para la crucial sesión.

Ante la sesión, un grupo de senadores de izquierda presentó una segunda petición de referendo de iniciativa compartida (RIP, por sus siglas en francés), que incluye un texto más seguro, explicó el presidente del grupo socialista en el Senado, Patrick Kanner. Advirtió que el objetivo es que este documento sea transmitido este viernes al Consejo Constitucional antes de la posible promulgación de la reforma.

Es el mismo texto que la primera petición, completado con dos ar­tículos que crean un elemento de reforma: un ingreso fiscal vinculado a los recursos de capital para garantizar la financiación de la jubilación por reparto, advirtió.

Los líderes sindicales advirtieron al gobierno de que su acción contra la reforma continuará sea cual sea el dictamen del consejo.