El Senado aprobó ayer por unanimidad el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que homologa los mecanismos para dirimir controversias entre particulares en todo el país, ya sea divorcios, herencias, adopciones, arrendamientos, conflictos entre vecinos y otros temas en materia de justicia cotidiana.

Todos los grupos parlamentarios expresaron beneplácito por la aprobación de este ordenamiento que reglamenta la reforma constitucional de 2017 en materia de justicia cotidiana, y plantearon la necesidad de que haya recursos económicos para su instrumentación.

La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, calificó el día de histórico, pues el dictamen aprobado, que pasará a la Cámara de Diputados para su análisis y votación, es de gran relevancia, impacto y trascendencia. Marcará un parteaguas en la impartición de justicia, enfatizó.

Rafael Espino de la Peña, presidente de la comisión de Estudios Legislativos Segunda, destacó que 70 por ciento de los conflictos y controversias que surgen en el país tienen que ver con las materias civil y familiar, por lo cual, estimó, con el nuevo instrumento habrá un avance significativo en este ámbito.

El documento entrará en vigor en 2027. Tras un lapso de cuatro años para que lo conozcan los profesionales del sector, se busca crear una legislación única que estandarice plazos, criterios y procedimientos judiciales que se llevan a cabo para la solución de controversias en las 32 entidades del país. Se integra por mil 191 artículos divididos en 10 libros y un régimen transitorio compuesto de 20 artículos.

Cabe señalar que la existencia de reglas, plazos, términos, criterios y sentencias distintas que a veces son contradictorias entre sí, en relación a un mismo procedimiento, ha generado incertidumbre respecto a la aplicación y sentido de la justicia.

Con la homologación se pretende materializar, agilizar y lograr un sistema de justicia procesal civil y familiar que resuelva las problemáticas de manera pronta y expedita.

En el nuevo articulado se prevén ajustes de procedimientos para personas en situación de vulnerabilidad, designación de apoyos extraordinarios y reconocimiento a la capacidad jurídica de todos.

Se incorporan medidas de protección por violencia de género, un apartado de adopciones, se implementa la oralidad como principio y metodología en los procesos y se favorecen los medios alternativos para la solución de controversias.

También se privilegia la igualdad, el respeto a los derechos humanos en todos los casos y la regulación de los medios digitales como herramientas indispensables para hacer realidad la justicia.

De igual modo, se da especial atención al interés superior de la infancia y se juzgará con perspectiva de género, igualdad y equidad. Destaca la exclusión de formalismos innecesarios.

Los senadores Germán Martínez, del Grupo Plural, y Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, enfatizaron que se requieren recursos económicos para que la implementación del código sea exitosa.