icen los gritones de siempre que el gobierno mexicano adquirió chatarra de la trasnacional española Iberdrola, es decir, 13 plantas de generación eléctrica las cuales, mágicamente, apenas segundos antes de conocerse la operación de compraventa eran catalogadas, por los mismos vocingleros, como instalaciones de primer mundo, limpias y modernas. Entonces, congruentes que son, quienes las defendían a ultranza, en cuestión de segundos y con la cara más dura que el concreto dieron un giro de 180 grados y las degradaron a un montón de fierros viejos.

En realidad, la chatarrización de la industria eléctrica pública (propiedad de la nación) fue uno de los objetivos del régimen neoliberal con el fin de abrir las puertas de par en par para que la inversión privada –especialmente foránea– clavara sus colmillos en uno de los sectores más redituables en cualquier país. Y lo hizo sin modificar la Constitución, porque esa apertura se dio por decreto (“que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 23 de diciembre de 1992, firmado por Carlos Salinas de Gortari, entonces inquilino de Los Pinos). Y sus sucesores (Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto) siguieron ese camino.

Por medio de ese decreto, Salinas de Gortari decidió no considerar servicio público a la generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración pequeña producción; la que realicen los productores independientes para su venta a la CFE; para exportación, derivada de cogeneración, producción independiente y pequeña producción; la importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada exclusivamente al abastecimiento para usos propios; y la destinada a uso en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica. Todo ello, aderezado con contratos leoninos y subsidios del erario para los privados.

Así de simple y dañino para la soberanía energética nacional. Eso sí, la privatización del sector eléctrico (como tantos otros a lo largo del régimen neoliberal) se hizo en nombre de la modernidad y las energías limpias, para lo cual cancelaron un derecho para convertirlo en mera mercancía, y esa apertura moderna a punto estuvo de quebrar a la Comisión Federal de Electricidad, que era el propósito real para que el jugoso negocio floreciera lo más rápido posible.

▲ El ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en imagen de 2005.Foto Marco Peláez

Cínico, como siempre, Carlos Salinas de Gortari presumía que con estricto apego a la Constitución se ha procurado aumentar la generación de energía eléctrica mediante la aplicación de recursos complementarios para financiar la construcción de nuevas unidades y fortalecer la realización de proyectos de cogeneración. Se trata de concesiones para que recursos privados construyan e incorporen electricidad a la red de la Comisión Federal de Electricidad.

Hasta el citado decreto, la CFE –junto a ella Luz y Fuerza del Centro (LFC), vilmente extinguida de un plumazo por Felipe Calderón, en 2009– el cien por ciento de la generación eléctrica en el país fue responsabilidad del Estado mexicano, pero los modernistas rápidamente abrieron brecha para que el glotón capital privado se quedara con todo. Y casi lo lograron, porque en un abrir y cerrar de ojos 50 por ciento de la generación eléctrica en el país quedó en manos de los consorcios particulares. Obvio es que esa gruesa rebanada se la quitaron a la Comisión Federal de Electricidad y a LFC.

Pero esa mitad no les resultaba suficiente y la voraz participación de privados –a costillas del presupuesto de la CFE– siguió adelante hasta representar 60.5 por ciento del total, aunque el plan neoliberal pretendía que al cerrar 2024 prácticamente todo el pastel les pertenecería. Porfirismo moderno.

Con ese panorama se topó la nueva administración gubernamental: 39.5 por ciento de la generación eléctrica (aún) del Estado y 60.5 por ciento de los privados. Entonces, con la adquisición de esas 13 plantas chatarra, la participación gubernamental crece a 55 por ciento y para el año próximo calculamos que vamos a llegar a 65 por ciento, dice el presidente López Obrador.

Las rebanadas del pastel

Sólo hay que ver y leer las cantidad de sandeces que cotidianamente dice y escribe para confirmar que empresas vinculadas con Vicente Fox obtuvieron una buena tanda de permisos de la Cofepris para vender productos cannábicos, del que, sin duda, él mismo es su principal cliente. Y se los autorizaron a escasos cinco días de concluir el sexenio de Peña Nieto.

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