e cumplieron ayer cuatro años desde que Julian Assange fue detenido por autoridades británicas y recluido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, como si se tratara de un peligroso criminal. Si a este lapso se suman los siete años que estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, el fundador de Wikileaks ya ha pasado 11 años consecutivos privado de su libertad debido a la implacable persecución de Washington.

En el cuarto aniversario de su encarcelamiento, representantes populares, organizaciones y sociedad civil llamaron al presidente Joe Biden y al Congreso de Estados Unidos a retirar los 18 cargos con que ese país pide a Reino Unido la extradición del comunicador. En una carta firmada por 97 legisladores me-xicanos se denuncia la naturaleza claramente política de las acusaciones, todas ellas relacionadas con la publicación de documentos secretos estadunidenses a partir de 2010, y se alerta sobre el escalofriante precedente de intimidación que supondría para otros periodistas y editores de todo el mundo juzgar a un integrante de este gremio por ejercer su trabajo de dar a conocer al público informaciones que los poderosos pretenden ocultar. Parlamentarios británicos, australianos y del propio Estados Unidos emitieron posicionamientos similares.

Lo que está en juego en la batalla legal para evitar que Assange sea trasladado a suelo estadunidense y juzgado bajo una ley de espionaje de 1917 es la vigencia de la libertad de expresión y el derecho a la información frente a una razón de Estado totalitaria y de signo trasatlántico que hace converger a Washington y Londres. Tras la persecución se percibe con claridad el rencor por las revelaciones sobre los crímenes perpetrados en Afganistán e Irak y los turbios e injerencistas manejos de la diplomacia estadunidense en numerosos países. Se percibe, asimismo, pánico a la transparencia y afán de mantener en las sombras y la impunidad los abusos mundiales de varios presidentes estadunidenses.

En esta infamia han colaborado otros gobiernos, como el de Lenín Moreno, quien retiró la protección diplomática a Assange y lo arrojó a las manos de sus perseguidores, en flagrante violación del derecho de asilo. Debe recordarse también el papel de Suecia, cuyo gobierno inventó cargos al informador australiano que a la postre se revelaron carentes de cualquier sustento, pero permitieron retenerlo en Gran Bretaña mientras Washington se daba tiempo para fabricar imputaciones en su contra. Con estas actuaciones, los cómplices de Estados Unidos se han exhibido como verdugos de la libertad de expresión, carentes de autoridad moral para juzgar a terceros países por sus violaciones a los derechos humanos.

A diferencia de otras filtraciones de documentos secretos o confidenciales, la labor de Assange, Chelsea Manning (la analista de inteligencia que filtró los datos del ejército estadunidense) y el equipo de Wikileaks no fue movida por intereses pecuniarios ni partidistas de tipo alguno, y jamás se le ha podido relacionar con gobiernos o grupos de presión. Por el contrario, esta organización y su fundador han operado con rigor periodístico y apego a los principios de la profesión informativa. Por ello, ni uno solo de los millones de documentos que ha revelado pudo ser desacreditado y, pese a la campaña negra urdida en su contra, en ningún momento se les ha podido acusar de un empleo ilícito o malintencionado de la información que divulgaron.

Hace 12 años, La Jornada adquirió laresponsabilidad de ser el primer medio al que Wikileaks entregó información separa-da por país. Gracias a los despachos enviados por las representaciones diplomáticas de Washington en nuestro territorio y el Departamento de Estado, este diario pudo arrojar luz sobre algunos de los aspectos más sórdidos del calderonato y de la guerra de Felipe Calderón, detonadora de la violencia que hasta ahora se padece.

En las notas publicadas en estas páginas, la sociedad mexicana cobró conciencia de las simas de corrupción del gobierno panista, de su entreguismo a los dictados de la Casa Blanca y del carácter perverso de una estrategia de seguridad ejecutada, para colmo, por un individuo de quien después se supo que era cómplice del narcotráfico. Por el conocimiento de esos entretelones, este medio, su público y México entero tienen una deuda de gratitud con el australiano.

Si desea ser congruente con todo lo que sostuvo como candidato presidencial, Joe Biden debe escuchar el clamor de libertad que se levanta en el mundo, y ordenar el cese inmediato de la persecución contra Julian Assange, quien merece el reconocimiento de los gobernantes y la sociedad de Estados Unidos por exhibir la descomposición de sus instituciones y contribuir así a la conciencia ciudadana.