La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará hoy por primera vez la constitucionalidad de una ley contra las terapias de reorientación sexual. Se trata de la acción de inconstitucionalidad 130/2021 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se afirma que algunos castigos previstos en el Código Penal de Baja California Sur a quienes promuevan estas prácticas, supuestamente terapéuticas, son excesivas y contrarias a la Carta Magna.

La CNDH impugna el artículo 205 bis del código donde se establecen penas de dos a seis años de prisión, y de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

Si quien comete este delito es un servidor público, se prevé sumar a la sanción de cárcel y multa la destitución e inhabilitación del cargo, y agrega que en caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva.

Es esta última parte la que impugna la CNDH, pues argumenta que la inhabilitación definitiva es un castigo a perpetuidad, que viola los principios de proporcionalidad de las penas, por ser una sentencia inusitada y además infringe los principios de la reinserción social contenidos en los artículos primero, 14, 18 y 22 de la Constitución, así como los numerales 1 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El proyecto de este asunto, encomendado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no se ha hecho público; sin embargo, el mes pasado la SCJN resolvió otro similar, donde declaró inconstitucional la inhabilitación permanente de maestros o personal administrativo de planteles educativos que reincidan en el delito de acoso sexual.