Morelia, Mich., En los recientes dos años, seis defensores de los bosques y de los derechos colectivos de las etnias nahua y purépecha han sido asesinados o desaparecidos, dio a conocer el dirigente del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pável Guzmán, quien acusó que todos estos crímenes permanecen impunes.

En los últimos 40 años, refirió, en esas regiones más de 35 comuneros y autoridades indígenas han sido ultimados o no se volvió a saber de ellos; sólo en Ostula, municipio de Aquila, fueron al menos 16, y los crímenes estuvieron relacionados con despojos y problemas de tierras.

Eustacio Alcalá Díaz, líder de la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, municipio de Chinicuila, fue visto por última vez el pasado primero de abril y sus restos fueron encontrados el martes en una brecha de esta demarcación.

Hace tres años encabezó una lucha para impedir el saqueo de mineral de hierro por parte de empresas particulares, pero durante décadas defendió el bosque y el territorio ante los embates de grupos de la delincuencia organizada.

El 15 de enero fueron desaparecidos Antonio Díaz, líder comunal de Aquila, y Ricardo Lagunes Gasca, abogado de esa población nahua, ambos defensores de la autonomía y los derechos de los indígenas.

El 23 de febrero, en el poblado de Sicuicho, municipio de Los Reyes, fue ultimado a tiros el presidente de bienes comunales Alfredo Cisneros, quien encabezaba la lucha contra talamontes.

El 16 de diciembre, el coordinador de la ronda comunal de Ocumicho, municipio de Charapan, Pedro Pascual Cruz, fue privado de la vida.

En julio de 2020, Jesús Miguel Gerónimo, ex jefe de la tenencia de Ichán, municipio de Chilchota, fue ejecutado a balazos en una tienda de abarrotes de su propiedad.

Los pueblos indígenas demandan al gobierno de Michoacán, que encabeza el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, mayor presencia de cuerpos de seguridad para enfrentar a grupos delictivos, sobre todo en las localidades de Sicuicho, Jerácuaro, San Benito y Ocumicho, entre otras, donde se está capacitando a las rondas comunitarias, lo cual las obliga a ausentarse durante más de ocho meses.