El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó a la jurista colombiana Ángela Buitrago, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la disposición del gobierno para intentar destrabar los obstáculos al acceso de los expertos a toda la documentación que tiene el Ejército Mexicano sobre el caso Ayotzinapa.

El GIEI aseguró el viernes pasado en una conferencia de prensa que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ha obstruido y ocultado deliberadamente información que puede ser fundamental para conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos hace ocho años y medio. El lunes siguiente, Buitrago se entrevistó en Palacio Nacional con López Obrador. Al salir de la reunión, cerca de las ocho de la noche, la experta indicó que a partir de lo acordado se podrá avanzar en las indagatorias.

Por el GIEI sólo asistió ella. El otro integrante del grupo, Carlos Beristain, tuvo que salir del país un día antes. También estuvo en el encuentro el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que preside la Comisión para la Verdad y Justicia del Caso Ayotzinapa.

A diferencia de otras reuniones sobre este asunto en Palacio Nacional, esta vez no participaron el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval, ni el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez. Fue un encuentro de tres horas en el que, a decir de Buitrago, quedó patente la voluntad de destrabar.

Los expedientes

Los documentos que los militares les niegan, según el GIEI, son expedientes generados por el Comando Regional de Fusión de Inteligencia-Iguala (CRFI), que los expertos solicitaron en 2020. De esta información, la Sedena ha entregado algunos folios incompletos y fragmentados, según han descrito.

El GIEI insistió desde su tercer informe, en febrero de 2022, que estos documentos, que el Ejército nunca compartió ni con ellos ni con la fiscalía especial, contienen las transcripciones completas de llamadas telefónicas interceptadas a miembros del crimen organizado, policías y militares involucrados.

También señaló el grupo que los archivos militares del caso, hasta ahora desconocidos, fueron trasladados a un sitio sin identificar. La Presidencia, a su vez, les hizo saber que esta misma semana tendrían una respuesta de la institución castrense. Ésta se dio el lunes.

El GIEI ha podido localizar cerca de 15 pliegos del CRFI, no completos, sino editados. Sostiene que debe haber copias completas de cerca de 100 documentos.

En tres ocasiones anteriores, el propio Presidente ordenó verbalmente al general Sandoval la entrega de esa documentación. En esta última ocasión, el mandatario puso la orden por escrito. El encuentro de este lunes trató precisamente sobre esto: conocer la respuesta de la institución castrense.

Hasta ahora, la Sedena sostiene que los expedientes que solicita el GIEI no existen y que el CRFI no funcionaba cuando se produjeron los hechos de Iguala, sino que fue creado apenas en 2015. En efecto, hay un boletín de la Secretaría de Gobernación del sexenio pasado que da cuenta de la inauguración de un comando de fusión de inteligencia en Iguala en diciembre.

Las evidencias

Sin embargo, desde septiembre del año pasado, el GIEI tiene evidencias de que un comando con estas funciones de inteligencia operaba desde el interior del 27 batallón del Ejército en Iguala y realizaba intercepciones telefónicas desde antes del 26 de septiembre de 2014. También hay indicios de que estas conversaciones están transcritas y archivadas en folios seriados.

Para demostrarlo, en su conferencia de prensa del pasado 31 de marzo, mostraron en pantalla el cabezal de uno de estos documentos del CRFI Iguala, fechado el 15 de octubre de 2014. En el quinto informe que presentaron ese día hay otro documento parecido, con fecha del 27 de septiembre 2014.

El GIEI, que inicialmente contaba con cinco integrantes, trabajó en la investigación como órgano coadyuvante de las familias de las víctimas (43 desaparecidos y tres asesinados) desde marzo de 2015 hasta abril de 2016.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, los expertos, las familias de las víctimas y sus defensores no tuvieron acceso a documentos del Ejército. Tras una fuerte campaña mediática y la presión directa de autoridades, debieron salir del país.

Recién llegado a la Presidencia, López Obrador solicitó la reactivación del mandato del GIEI. Entre enero y marzo de 2020, el general Sandoval hizo entrega de alguna información de los archivos de la 35 zona militar y los batallones 27 y 41 de Iguala. Eso permitió al grupo determinar la existencia de documentación clave en el CRFI y en unidades llamadas Formato Cifrado Arcano, del Grupo de Análisis de Orden Interno.

A pesar de la importancia de estos datos, el Ejército nunca compartió esa información con los investigadores que habían llevado el caso, ni siquiera con la Unidad Especializada de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa.

Los documentos evidencian que el día de los hechos, por medio del centro regional, los militares conocieron en tiempo real que los estudiantes y actores estaban en determinadas ubicaciones y fueron trasladados en números pequeños a diversos lugares, y de la misma manera los posibles autores de los hechos. También se apunta la posibilidad de que algunos de ellos pudieron haber estado vivos hacia el 4 de octubre.