Trabajadores activos y jubilados del sector público se manifestaron ayer frente a la sede del Poder Judicial de la Federación, en el sur de la Ciudad de México, para denunciar que varios juzgados han rechazado las solicitudes de amparo que han presentado contra el cobro de la tasa de interés variable calculada en unidad de medida y actualización (UMA), la cual ha impactado en los créditos hipotecarios del Fovissste y cuyas deudas –dijeron– se han vuelto impagables.

Alonso Castillo Osuna, representante legal de siete colectivos que agrupan a los afectados, precisó que el acto reclamado implica también declarar inconstitucional el artículo 185 de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el cual obliga a la actualización anual de los saldos de los créditos que cotizan en UMA, en una proporción similar a la inflación, que se estima cierre en 8 por ciento.

Asimismo, se solicita la restructuración de los créditos de vivienda que adquirieron, agregaron Tania Bonilla y Tere Hernández, de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos.

La deuda de los financiamientos, aseguraron, se ha triplicado debido a que además del interés anual ordinario de 4 a 6 por ciento (con la que se adquiere el financiamiento), también debe pagarse la actualización de UMA.

Los saldos se reajustan cada febrero, y equivalen a un aumento en intereses de entre 50 mil y más de 100 mil pesos, dependiendo de cada financiamiento, señaló Bonilla. Además, se incluyó un concepto denominado adeudo vencido que no fue notificado a los acreditados.

Fovissste tiene más de 915 mil créditos vigentes, de los cuales 15.7 por ciento (143 mil 528) corresponde a personas jubiladas, y 70.7 por ciento (647 mil 375) a trabajadores activos.

Bonilla explicó que los créditos contienen el rubro de actualizaciones anuales, pero consideró existe falta de información. Estimó que los cobros excesivos afectan a más de un millón de trabajadores y jubilados, si se considera a quienes ya pagaron el préstamo con intereses, pero no les han liberado sus escrituras.

Castillo Osuna señaló que en algunos amparos la autoridad no quiere conocer de estos asuntos y envían los expedientes a juzgados en materia laboral, quienes sí aceptan la competencia, pero terminan desechados.

Con pancartas en las que se leía Las UMAS son un crimen, empobrecen mi salario y mi familia, los integrantes de la Alianza de Trabajadores de la Salud y del Colectivo de Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, entre otros, exigieron a los juzgados aplicar un mismo criterio para los amparos solicitados.