La consejera Dania Ravel, presidenta de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (Oples) del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que frente a presuntos actos de corrupción en los institutos electorales las instancias auditoras deben intervenir y, si es necesario, proceder con sanciones, pero no utilizar esa circunstancia para reducir los presupuestos y ahogar a los organismos.

Si existieron actos de corrupción, es un tema sobre el cual se tienen que pronunciar las autoridades competentes. Nosotros no tendríamos ninguna competencia para declarar en torno a eso porque ni siquiera tenemos los elementos para poder decirlo.

Sin embargo, subrayó, no puede tratarse ahora de justificar recortes presupuestales porque posiblemente hubo un mal manejo en administraciones previas. Es decir, una mala gestión no se corrige recortando recursos, sino con auditorías y otros mecanismos, afirmó.

Ravel se pronunció en favor de que se hagan investigaciones para deslindar responsabilidades, pero no mezclar el tema con la programación presupuestaria. Eso se lleva por cuerdas separadas, lo que debe ocurrir es que se deslinden responsabilidades si es que efectivamente se puede comprobar que hubo un mal uso de recursos públicos, y entonces se impongan las sanciones que se tengan que poner y en las consecuencias y la profundidad que se tienen que poner, pero que no se ahogue ahora presupuestalmente a los Oples, comentó a La Jornada.

Pese a la crisis financiera de estos organismos, la consejera se mostró optimista en remontar la situación porque en semanas recientes ha habido algunas ampliaciones y con eso, dijo, podría haber más fortaleza de los institutos locales, con el fin de hacer frente a las elecciones de 2023 en el caso de Coahuila y el estado de México, así como en los 32 Oples de cara al megaproceso de 2024.

Son buenas señales. Los Oples han estado haciendo esfuerzos por ser más austeros, por eficientar y optimizar el uso de los recursos públicos que tienen encomendados y así hacer más con menos.

Reconoció que es necesario un mecanismo de comunicación más eficiente, con el fin de aclarar todas las dudas respecto al uso de los recursos en los Oples, además de justificar las necesidades futuras.

Debemos tener muchísima comunicación para poder explicar y ser más asertivos sobre los recursos públicos que requieren las autoridades electorales, porque a final de cuentas el objetivo es garantizar derechos políticos de la ciudadanía que también son derechos humanos.