Rosendo Gómez Piedra, abogado tabasqueño cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue designado titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (Ueilca).

El nuevo titular de la también llamada fiscalía para el caso Iguala se ha desempeñado como servidor público en Tabasco y en el gobierno federal como director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Gómez Piedra asumió el cargo con fecha 1º de octubre, luego de que desde dos semanas antes el ex fiscal Omar Gómez Trejo presentó su renuncia al cargo por diferencias con altos mandos de la Fiscalía General de la República (FGR), relacionadas con el desistimiento de 20 órdenes de aprehensión en contra de presuntos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 14 militares y seis civiles.

Fuentes federales confirmaron la designación de Rosendo Gómez Piedra, quien tomó el cargo luego de que todos los expedientes y documentos con los que trabajaba el anterior fiscal Omar Gómez Trejo fueron recibidos y revisados inicialmente por la titular de la Visitaduría de la FGR, Adriana Campos López.

En agosto pasado, señalaron funcionarios de la FGR, la visitadora, con anuencia del fiscal general Alejandro Gertz Manero, designó a su personal para llevar a cabo el desahogo de la audiencia en la que se formuló la imputación contra el ex procurador Jesús Murillo Karam, y como no tenían conocimiento del expediente, los agentes del Ministerio Público fueron advertidos de que se solicitaría cambio de representantes de la FGR debido a las fallas que cometieron durante el desahogo de la audiencia mencionada.

En 2018, durante el mandato de Arturo Núñez como gobernador de Tabasco, Gómez Piedra fue secretario general de Gobierno y en 2019, cuando fue mandatario de esa entidad Adán Augusto López, se le designó presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de esa entidad.

Gómez Piedra fue designado director jurídico de Fonatur en enero de este año, por lo cual estaba a cargo de presentar las pruebas y documentos legales necesarios para la aprobación y desarrollo del proyecto del Tren Maya.