El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, destacó ayer que las modificaciones avaladas por el Senado a la minuta para extender hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública fueron presentadas por la oposición y se incorporaron en el debate legislativo.

Yo no hice más allá que, en el ejercicio de mi función, ser un comunicador, un enlace, en este caso entre la Cámara de Senadores y el gobierno federal. Atendimos, escuchamos la propuestas de senadores de la oposición y vimos que se pudiera adicionar a la minuta, lo cual se hizo, y creo que es una propuesta no nada más inteligente, sino que antepone los intereses del país, señaló el funcionario en entrevista radiofónica.

Por su parte, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, en una reunión realizada en su oficina con senadores de todas las fuerzas políticas, expresó su beneplácito por la minuta. Señaló que, cuando se le llame a comparecer, tiene todo para justificar por qué deben estar los militares en las calles.

La minuta modifica el artículo quinto transitorio del decreto de 2019 que reformó la Constitución para crear la Guardia Nacional.

Las exigencias de la oposición

Uno de los cambios centrales que senadores de PRI y PRD exigieron para votar junto con Morena fue establecer un fondo permanente de apoyo, a fin de que estados y municipios puedan profesionalizar a sus cuerpos policiacos.

El dictamen, turnado a la Cámara de Diputados, precisa que ese fondo se establecerá de forma separada e identificable en el Presupuesto de Egresos que se discutirá a finales de 2023.

No podrá ser inferior al asignado a las fuerzas armadas y a la Guardia Nacional, se integrará con recursos federales y estatales y también se fondeará con bienes decomisados a la delincuencia organizada, que este año han sido de 16 mil millones de pesos.

Hasta 25 por ciento de ese fondo se destinará a las entidades con los mejores resultados y se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada estado, de acuerdo con el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Otro requisito que los priístas pusieron para dar a Morena los votos necesarios, a fin de lograr la mayoría calificada, fue que hubiera control parlamentario.

Para ello, en un plazo de 60 días se integrará una comisión bicameral que recibirá los informes semestrales sobre resultados medibles y justificables de las labores del Ejército en el combate al crimen organizado y podrá citar a comparecer a los titulares de Defensa, Marina, Seguridad Pública y Gobernación.

Esa comisión realizará un dictamen del informe semestral, en el que evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el quinto transitorio para la participación permanente de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia de la Guardia Nacional.

La reforma al quinto transitorio precisó también que las acciones que lleve a cabo la fuerza armada, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.