ue desesperante, por decir lo menos, escuchar durante horas el inmenso desfile de un solo argumento que se repetía constantemente en boca de senadores del PAN, principalmente, y que nos hacían ver que las fuerzas armadas se han convertido en el pretexto para atacar al gobierno de López Obrador.

Cada panista que tomaba la palabra empezaba o insertaba en alguna parte de su alegato un: no estamos en contra del Ejército o de las fuerzas armadas, y luego de eso, muy a su estilo, lanzaban una crítica monótona que no tenía ningún otro fin que no fuera tratar de menoscabar la credibilidad de la Presidencia.

El alegato era de suyo inútil; no hay, en todo el país, un solo gobierno estatal que por sí mismo tenga un cuerpo policiaco que pueda hacer frente a las fuerzas del crimen organizado y que brinde seguridad a la gente. Ninguno.

Eso lo tienen más que claro los panistas, ellos iniciaron lo que hoy critican, y también sabían que ya no iban a frenar la votación que prolonga la estadía de los integrantes de las fuerzas armadas en la calles del país, así que diseñaron un circo inútil y vulgar. Pero, a decir verdad, en algo no mintieron: no están en contra de las fuerzas armadas.

Es innegable el crecimiento exponencial de la intervención del Ejército en cuestiones, por ejemplo, empresariales, circunstancia que no debería suceder por ningún motivo y que se deja pasar sin mayor crítica.

El plan que empodera al Ejército, ahora en lo económico, no dice, o cuando menos no se nos ha dicho, hasta cuándo durará ni qué diferencias marcará con lo que hace la iniciativa privada.

¿Cómo tendrá que ser su administración? Esa pregunta es fundamental para entender para dónde va el proyecto del gobierno en este caso, porque a final de cuentas se deben imponer reglas claras al trabajo de los militares.

¿Adónde irá a parar el dinero que se recoja de los negocios en los que la milicia está al frente? Debemos tener en cuenta que la inversión en el Tren Maya, en el nuevo aeropuerto, o en cualquiera de las empresas que se les han encargado, no se va a realizar con fondos del propio Ejército, sino con el de la sociedad mexicana, y por tanto sus integrantes no deberían manejar, por ningún motivo, las finanzas de esos negocios del Estado.

Las utilidades de las empresas, desde luego, tendrán que ir directamente a la Secretaría de Hacienda. Pero no es todo. Las fuerzas armadas encargadas de la empresas del Estado deberán estar sujetas a constantes auditorías que den certeza de su buen manejo.

Sin esas condiciones y las que los legisladores tengan a bien aumentar, y que deberían quedar impresas en una ley que señale cuáles son las nuevas funciones del brazo armado del gobierno, empoderar económicamente a las fuerzas armadas podría ser un desatino de muy graves consecuencias.

Todo esto que sí podría ser parte de un debate amplio y de gran calado lo pasa por alto la oposición, que bien dice: no estamos en contra del Ejército.

De pasadita

Por cierto, ¿de dónde salió el dinero para hackear al Ejército? Uno como el que se dice que efectuó el grupo Guacamaya requiere de muchos, muchos fondos.

Lo decimos porque ese tipo de intrusión siempre tiene un blanco definido, es decir, no es casual que se escogiera al Ejército, y quienes financiaron la empresa tuvieron que estar de acuerdo con lo que haría el grupo mencionado.

Pero todas estas preguntas obvias serían inútiles si en lugar de hackeo lo sucedido fue lo que se conoce como otra filtración, práctica ahora muy común. Aguas.