n los últimos días, el caso Ayotzinapa ha entrado en una dinámica vertiginosa producto del cruce de declaraciones, contradicciones, filtraciones, detenciones y movimientos institucionales que se han sucedido. Ello no ha hecho sino reavivar el ánimo de incertidumbre respecto de la resolución del caso y multiplicar las dudas sobre la genuina voluntad del Estado para esclarecer los hechos, además de poner en jaque los avances que parecían haberse logrado en pos de la solución del caso en los años recientes.

El vértigo se desató con el conflicto entre la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Ueilca) y la Fiscalía General de la República (FGR). El 18 de agosto la Ueilca presentó 83 solicitudes de detención, 20 dirigidas a militares. Ese día, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) presentaba un informe en que señalaba claras responsabilidades del Estado y el Ejército en la desaparición de los estudiantes.

Sin embargo, días después, y tras una injerencia indebida de la FGR, se cancelaron 21 órdenes de aprehensión, 16 contra militares, y se apresuró la orden de aprehensión de Jesús Murillo Karam, con lo cual se apartó a la Ueilca del proceso. Ha trascendido que, mientras lo anterior ocurría, la FGR dejó sin policías ministeriales a la Ueilca.

El 15 de septiembre se informó que habían sido ejecutadas cuatro detenciones contra militares, aquellas que no fueron canceladas previamente por la FGR. El 24 de septiembre se filtró información originalmente oculta en el reporte de la Covaj, con la cual se comprometió la judicialización del caso. Este capítulo del embrollo desembocó en la renuncia de Omar Gómez Trejo, fiscal de la Ueilca; pasaría muy poco tiempo para que el entorno del caso se enrareciera más, pues dos días después los medios nacionales revelarían el hackeo y filtración de documentos de la Sedena.

La renuncia de Gómez Trejo ha representado un duro golpe a la búsqueda de verdad y justicia. Su labor le ganó el reconocimiento de los familiares de los desaparecidos y de las organizaciones que los han acompañado; su gestión en la Ueilca propició avances en términos de verdad, con la identificación de restos de los normalistas Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero, clave para desmentir la verdad histórica construida el sexenio anterior.

Ante la confusión e incertidumbre que generaron los hechos reseñados, se impone ratificar un par de preguntas claves: ¿qué está en juego para el Estado mexicano y para nuestra sociedad?; y, en primer término, ¿qué está en juego para los padres de los normalistas desaparecidos?

Como bien apuntó Carlos Martín Beristain en la rueda de prensa que ofreció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el 29 de septiembre, está en juego nada menos que la aspiración de verdad y la justicia de un país entero. No se trata sólo de procesos judiciales y carpetas de investigación, sino de personas y familias cuyo dolor y dignidad han empujado un tortuoso proceso que ha permitido los avances que hasta ahora se tienen. Desde el primer momento, los familiares han sido víctimas no sólo de la desaparición de sus hijos, sino también de las resistencias y contradicciones de un Estado que ha llevado a cabo una dinámica de información marcada por el ocultamiento y la tergiversación durante ocho años, lastimando reiteradamente a las víctimas.

Al inicio de la presente administración se ofreció un compromiso radical con el esclarecimiento de los hechos. Con la creación de la Covaj y la Ueilca se acreditó dicho compromiso, pues constituyeron pasos importantes que dieron resultados efectivos. Sin embargo, los últimos hechos ponen en duda la consistencia del compromiso, pues han puesto en riesgo los procesos virtuosos que se habían encaminado y que debieran protegerse en favor del derecho a la verdad de las familias; y con ello se traiciona la confianza que las familias depositaron en las instituciones encargadas del proceso y se devuelve al país entero a un escenario mucho más parecido al del sexenio anterior.

Politizar el caso, como han hecho representantes institucionales, es una nueva forma de victimización. La autoridad está llamada a actuar siempre de manera respetuosa del dolor y sufrimiento de las familias, y ello exigiría asumir en primera instancia una disposición de apertura al diálogo directo con los familiares para esclarecer los hechos acontecidos en días recientes que han enrarecido el camino hacia la verdad. Está en juego con ello la institucionalidad del país; la verdad y justicia; el genuino compromiso de erradicar la impunidad y la corrupción, y la voluntad real de frenar la dinámica de reproducción de estructuras gubernamentales que han imposibilitado la constitución de un estado democrático de derecho en el país.

El 29 de septiembre, los integrantes del GIEI apuntaron tres claves en el proceso, de cara a la conclusión del plazo pactado para la finalización de sus labores: generar un mecanismo de seguimiento al caso; fortalecer a la Ueilca, revirtiendo para ello el descrédito del que ha sido objeto por la FGR en los últimos días, y replantear el papel de la Covaj con los familiares, poniendo en el centro el diálogo y la dignidad del dolor de los padres.

El esclarecimiento del caso, la búsqueda de verdad y justicia; los derechos de reparación y no repetición de las víctimas se garantizarán sólo en la medida en que el Estado dé nuevas y contundentes muestras de congruencia con su compromiso original por la verdad; ello se traduce en impedir nuevas injerencias institucionales a las investigaciones y no poner por delante cálculos e intereses políticos, sino la dignidad de las víctimas y el deber superior del Estado de tutelar y garantizar sus derechos.