nterrogado acerca de los presuntos casos de espionaje gubernamental a dos periodistas y un activista durante su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no tener conocimiento de que la Secretaría de la Defensa Nacional llevara a cabo ese tipo de acciones, e instó a presentar ante las autoridades competentes las pruebas de cualquier conducta considerada ilegal, a fin de que se investigue y eventualmente se sancione conforme a derecho, destacando la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial.

El mandatario hizo hincapié en desmarcar a su gobierno de las prácticas efectuadas por las pasadas administraciones federales, durante las cuales él mismo, su familia y personas cercanas fueron objeto de una sistemática intervención de sus comunicaciones.

En julio del año pasado, cuando el diario británico The Guardian informó que entre 2016 y 2017 al menos 50 personas cercanas al entonces aspirante presidencial fueron espiadas mediante el software israelí Pegasus, López Obrador se refirió al mismo como realmente una vergüenza, una prueba irrefutable de que estábamos sometidos a un gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos. El Estado era el principal transgresor de esas garantías.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, coincidió con su correligionario en que actualmente puede haber labores de inteligencia con la finalidad de combatir al crimen organizado, pero no espionaje a opositores, algo que va contra los principios de la Cuarta Transformación y con la perspectiva de que el disenso es parte consustancial de la democracia.

También recordó que durante el periodo de su antecesor, el senador Miguel Ángel Mancera, operó en la capital un centro de espionaje que contó con 42 computadoras, drones y al menos 12 motocicletas y 10 automóviles para realizar seguimientos ilegales a ella misma, al actual Presidente y a alrededor de 120 políticos, académicos y funcionarios públicos a lo largo de cinco años; pero que además habría sido usado para detectar y apoderarse de terrenos donde podría ser factible erigir desarrollos inmobiliarios.

A la luz de estas informaciones, es necesario investigar todo indicio de posibles actos ilícitos cometidos desde instancias de poder, tanto en este sexenio como en los anteriores; partiendo del de Felipe Calderón, cuando se firmó la ma-yor parte de los contratos de compra de Pegasus, y pasando por el de Enrique Peña Nieto, cuando se habría dado el uso más extenso del software creado por NSO Group.

En especial, es importante avanzar en las indagatorias de unos hechos tan documentados como la trama de espionaje urdida durante el mancerismo, así como esclarecer si los tres casos de intervención de dispositivos electrónicos en esta administración federal corresponden a rescoldos de operativos viejos o si se trata de nuevos ataques informáticos.

Cabe esperar de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial conduzcan y califiquen una investigación ejemplar para descartar o fincar responsabilidades con las pruebas y acusaciones que se les presenten, pues los directamente afectados tienen derecho a la máxima protección de su intimidad, y la ciudadanía a conocer los asuntos del gobierno.