La Barra Chiapaneca de Abogados sostuvo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite una queja presentada en contra de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en noviembre pasado determinó que 160 mil hectáreas de bosque de los Chimalapas, que abarcan 17 comunidades de la región, pertenecen a Oaxaca y no a Chiapas.

Debido a ello, la sentencia de la Corte no podrá ser ejecutada en tanto no se resuelva el caso en la instancia internacional, aseguró Servando Cruz Solís, presidente del grupo de litigantes.

El abogado reconoció que el recurso legal no está sustentado en una consulta entre los habitantes de la región, pero consideró que la mayoría respalda una defensa legal para mantenerse como territorio chiapaneco.

Además de verse afectada la identidad de la población de la región, vinculada históricamente a Chiapas, con la resolución de la SCJN se podrían generar problemas sociales, armados y económicos, dijo Cruz Solís en conferencia de prensa en la Ciudad de México.

Nosotros asumimos la defensa de los derechos humanos de todas la comunidades, las de Cintalapa y las de Arriaga, para representarlos; materialmente no tenemos la anuencia de ellos porque tendríamos que destinar muchos recursos para poder hacer un inventario de todas las comunidades (...) indudablemente es lo que pide la sociedad (no adherirse a Oaxaca). El grave problema que genera la Corte al pronunciarse a favor de Oaxaca es que va a haber un choque muy fuerte cuando materialmente se vaya a ejecutar la sentencia.

Región valuada en 320 mil millones de pesos

El valor económico de la región equivale a por lo menos 320 mil millones de pesos que va a perder Chiapas. Entonces, en la barra nos planteamos que algo teníamos que hacer, expusieron los integrantes de la agrupación.

Además de zonas agrarias, hay riqueza mineral y otros intereses, apuntó Cruz Solís.

Consideró que con este recurso buscan dar voz a los que no se pueden defender, ya que los legisladores locales y federales, así como el gobierno estatal, no han presentado oposición alguna al fallo de la Corte. El recurso podría tardar años en resolverse, explicó.