El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) deberá adecuar su presupuesto actual para garantizar la entrega de prerrogativas a los partidos políticos en los últimos tres meses del año, ordenó la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos magistrados afirmaron que los institutos no pueden quedarse en ceros debido a que su financiamiento es de orden constitucional.

El acuerdo del Consejo General establece que la entrega de recursos a partidos durante octubre, noviembre y diciembre está sujeta a una ampliación presupuestal que ya fue solicitada a las autoridades locales, pero que no se ha concretado, por lo que los partidos impugnaron el documento ante tribunales.

Fue así que los magistrados revocaron parcialmente el acuerdo para que las prerrogativas no estén sujetas a una ampliación, y solicitaron a los consejeros fundamentar y motivar si van a entregar o no el dinero. Al momento, el IECM no ha entregado más de 114.6 millones de pesos a los seis partidos políticos para el último trimestre.

No obstante, en recientes reuniones, funcionarios del IECM les han hecho saber a los representantes de los partidos que no hay recursos.

Por otra parte, pese a que magistrados dictaron medidas cautelares para que Javier Aldana –quien sufrió un accidente laboral– pudiera permanecer en su puesto de trabajo, el Consejo General eliminó su plaza como parte de la restructuración interna, por lo que interpuso un juicio contra el órgano electoral local.

Un accidente laboral

A principios de año, Aldana sufrió una caída en su zona de trabajo, cuando se reincorporó, comenzó a padecer violencia laboral por sus superiores, por lo que interpuso un medio de impugnación ante el tribunal local, cuyos magistrados ordenaron que permaneciera como asesor en la dirección distrital 32.

Pero con la restructuración el Consejo General eliminó plazas de asesores en todas las áreas, pese a que la reforma no considera modificar las direcciones distritales.

En septiembre dejó de percibir su sueldo y recibió una indemnización, que consideró como insuficiente.

“Lo grave es el desacato a lo ordenado por el tribunal, porque no se deben afectar mis derechos laborales de esa manera; ya no percibo sueldo y se me están cancelando servicios médicos.

Esta es la situación preocupante que estoy viviendo. Está en sus facultades hacer la restructuración, pero no deben ser absolutos, deben vigilar los derechos humanos, y más si está vigente esta medida cautelar, comentó Aldana, quien confió en que los magistrados resolverán su caso de manera rápida.