omo en una película con final trágico, la gente del caso Ayotzinapa se convirtió ahora en un instrumento de odio, de venganza, donde el crimen contra los 43 estudiantes ha sido desplazado y en su lugar sólo queda el ataque artero de una oposición política herida de muerte.

Ya no importa el qué pasó ni el por qué. El crimen contra los jóvenes es el mejor pretexto para levantar un juicio en contra de quienes han pretendido ayudar.

Ahora se trata de descarrilar la investigación, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y para eso lo primero que han olvidado es Ayotzinapa.

La condena a quienes han trabajado por la verdad en ese caso es porque se testaron, es decir, se tacharon partes del informe que podrían haber comprometido el debido proceso; de cualquier modo, si lo hubieran dejado íntegro, se les acusaría de ignorar la ley. Total, para ellos el móvil de los ataques no es la búsqueda de justicia para los padres de los 43, sino golpear.

Es muy importante advertir que ellos, así como sus abogados, conocieron el informe sin tachaduras, es decir, no se trató de ocultar nada, sino de cuidar que no se rompieran los protocolos que marca la ley para hacer válidas las investigaciones y las acciones que debe tomar la autoridad.

Y lo peor, también dentro del propio gobierno, parece que se registran resistencias y ataques. Para empezar, aunque no se quiere decir oficialmente, el informe limpio, sin testar, se tuvo en la Fiscalía; en la Secretaría de Gobernación no hay más que un par de copias de ese documento, por lo que parece que se tiene bien ubicada la fuga.

Luego, algunas voces de militares han advertido que son las autoridades castrenses quienes pueden o no permitir a los acusados y detenidos por su participación en la llamada noche de Iguala que den entrevistas a los medios, aunque eso resulta inexacto porque, por ejemplo, el general José Rodríguez Pérez está en manos de la justicia civil y no la militar.

Así que en esas entrevistas se ha tratado de menoscabar la labor de la subsecretaría que encabeza Alejandro Encinas, que está convertido en el centro de los ataques y el punto de golpeo de quienes, como ya dijimos, buscan descarrilar la investigación.

Pero de todo esto lo que más pesa es el olvido al que se ha sometido el problema, porque por si no fuera suficiente el involucramiento de lo político en el caso, los actos de violencia de varios grupos durante las marchas de protesta se han convertido en la noticia y se dejó en segundo término, cuando bien fue, el posicionamiento de los padres de los desaparecidos.

El asunto es que se debe tomar la decisión de dar a conocer también el resultado de las pesquisas que informen a los padres de los 43 quiénes han buscado descarrilar las investigaciones, que pese a todo seguirán con Encinas al frente, según se dice en la Presidencia de la República.

De pasadita

Por cierto, se ha dicho que sería Adriana Campos López –quien fuera directora general de Asuntos Jurídicos de la ex PGR– la que asumiría la titularidad de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, pero eso al parecer no tiene más visos de certeza que el deseo de un grupo que también quiere ser dueño de la verdad en ese tema.

Para la próxima semana se tendrá que definir quién sustituirá a Omar Gómez Trejo tras su renuncia al cargo después de advertir la injerencia de la Fiscalía General de la República para supuestamente favorecer a un grupo de militares y dejarlos en libertad.

Posiblemente Gómez Trejo ofrezca una conferencia de prensa para fijar su postura en cuanto a este suceso. Aguas.