Omar Gómez Trejo renunció a la titularidad de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.

El fiscal presentó su dimisión al cargo luego de que, sin consultarlo, agentes del Ministerio Público Federal se desistieron de 21 órdenes de aprehensión que había solicitado la Fiscalía General de la República (FGR) y aprobado el juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en Toluca en contra de 83 presuntos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Funcionarios federales y de la FGR, que solicitaron el anonimato, confirmaron lo que desde hace unos días se esparció como rumor sobre que el fiscal Gómez Trejo dejaría su cargo por diferencias con altos mandos de la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero.

La renuncia de Omar Gómez Trejo, quien fue designado en junio de 2019 como fiscal para el llamado caso Iguala, se presentó el pasado fin de semana, luego de que, además de trascender de manera pública y sin ninguna restricción el contenido del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), se difundiera el desistimiento de 21 de las 83 órdenes de captura solicitadas como parte del esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas, en hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero.

El pasado 19 de agosto, un día después del informe de la Covaj que presentó Alejandro Encinas, presidente de esa instancia y subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la FGR dio a conocer una tarjeta informativa en la que dio a conocer que el juez segundo de procesos penales federales en el estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como contra cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, 26 policías de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula, más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

En esa misma fecha, representantes de la FGR, sin consultar con la unidad a cargo de Gómez Trejo, solicitaron el desistimiento en un total de 21 casos, entre ellos 14 militares, el ex procurador de Guerrero Iñaki Blanco, la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del secretario de Seguridad Estatal, Leonardo Vázquez Pérez.

Gómez Trejo contaba con el apoyo de las familias de los 43 estudiantes y de la propia Covaj para ocupar la unidad, en la que fue designado en junio de 2019 tras la creación de esa instancia de la FGR por decreto en el Diario Oficial de la Federación.

El ahora ex fiscal conocía de cerca el caso, pues se desempeñó de secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que fue la primera en mostrar elementos contra la verdad histórica. También había sido colaborador de las sedes en México, Honduras y Guatemala de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Es abogado por la FES Acatlán, de la UNAM, y maestro en derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México.