o se puede abordar este caso sin rendir homenaje a las madres y a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Su caminar incansable en busca del paradero de sus hijos merecería una respuesta de justicia que hoy por hoy aparece ligada a su antítesis, como la impunidad. Difícil resumir las narrativas de las instancias encargadas de procuración de justicia. Destaca la infamante verdad histórica montada a principios de 2015 por funcionarios públicos al mando del entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam (hoy sujeto a proceso y prisión preventiva), con la muy activa participación de Tomás Zerón (hoy prófugo de la justicia pendiente de ser extraditado desde Israel). En ese periodo inicial se contó con la destacada participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha sido el artífice de las líneas de investigación que, bien llevadas, habrían logrado acercar la verdad jurídica; sus informes, sus denuncias de no colaboración en especial del Ejército, no tuvieron el respaldo oficial indispensable.

El actual gobierno asumió el compromiso de justicia y verdad. Creó la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y fue creada la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Ueilca), para el esclarecimiento del caso y la judicialización correspondiente, a través de un acuerdo emitido por el titular de la FGR, el 26 de junio de 2019, (A/010/2019). Su titular, hasta hoy, es Omar Gómez Trejo.

Importa señalar que las últimas tres semanas han sido plenas de sucesos, reacciones y conflictos tras la difusión pública de las conclusiones, avances y pendientes del informe testado presentado el pasado 18 de agosto por el titular de la Covaj ante el Presidente de la República y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, que fue entregado para su judicialización a la Fiscalía General de la República (FGR).

Uno de los frentes plenos de opacidad es el de las órdenes de aprehensión. La FGR informó sobre su emisión contra 20 mandos militares y personal de los batallones 27 y 41 de Infantería de Iguala y Teloloapan, Guerrero, de un total de 83 que se habían girado a autoridades y civiles involucradas en el caso. En los hechos y con aliados estratégicos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha logrado que sólo cuatro militares, de los 20 anunciados, hayan sido detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas. Destaca el general en retiro José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería, acusado sólo por delincuencia organizada, supuestamente estaría ­vinculado con el cártel de Guerreros Unidos, grupo al que se atribuye la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Además, el capitán José Martínez Crespo, acusado junto con dos más de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.

La otra detención relevante fue la referida al ex procurador Murillo Karam. En paralelo, se ha montado una agresiva campaña cuestionando el informe de la Covaj y en especial al subsecretario Encinas, recordando aquello de eliminar al mensajero para hacerlo con el mensaje.

Por otra parte, la FGR, sin intervención del fiscal Gómez Trejo, solicitó y obtuvo la cancelación de 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían girado contra servidores públicos –militares–. Otro hecho polémico de la Covaj y el gobierno fue la reciente denuncia penal contra un juez que ha absuelto a implicados en este caso. Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el Centro Prodh dieron a conocer que no la acompañan, ya que fiscales y (agentes de) ministerios públicos son quienes deben rendir cuentas, pues por sus acciones y omisiones se llegó a este extremo. El propio presidente de la SCJN recordó que una primera sentencia fue emitida en junio de 2018, cuando el primer tribunal colegiado de Tamaulipas declaró, por primera vez, que toda la investigación del caso Iguala estaba viciada y por ello cuestionó que se critique el actuar judicial y no el del Ministerio Público. Como cerrojo de esta cadena, hace tres días una periodista de un medio impreso publicó extractos del informe Covaj, sin testar, obtenido por una fuente propia. El presidente de la Covaj exigió que se investigue la filtración que afecta a los padres de los 43.

El jurista colombiano César Rodríguez Garavito acuñó la expresión de campo minado para referirse a conflictos territoriales y viene al caso. Son campos minados, dijo, por ser muy riesgosos: en ellos dominan las sociabilidades violentas y desconfiadas, donde cualquier paso en falso puede resultar letal. Tal es el escenario del crimen de Estado.