San Cristóbal De Las Casas, Chis., El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) denunció que representantes de diferentes empresas han acudido en meses recientes al municipio de Chicomuselo, en la sierra de Chiapas, con el propósito de reanudar la explotación minera en al menos 10 localidades.

Esta situación pone en riesgo la estabilidad de las comunidades que han decidido rechazar estos proyectos extractivos y han resistido para mantener la paz y la armonía desde la defensa de los derechos humanos y colectivos, explicó Modevite en un comunicado.

Acusó que la respuesta de estos grupos de intereses personales, económicos y políticos ha sido la intimidación, el hostigamiento y las amenazas de muerte en contra de nuestras compañeras y compañeros defensoras y defensores de derechos humanos como recurso para frenar la lucha en la defensa de la vida y el territorio.

La agrupación recordó que en 2009, cuando fue asesinado Mariano Barca Roblero, dirigente opositor a la explotación minera, los habitantes de Chicomuselo fueron testigos de afectaciones ambientales, daños a la salud, división comunitaria y conflictos sociales, entre otros daños provocados por la empresa minera canadiense Blackfire Exploration Ltd en el ejido Grecia.

Agregó que las actividades que realizó esa compañía, que extraía barita, afectaron principalmente el agua subterránea, ríos, arroyos, bosques, la salud de la población y el tejido social que caracteriza las comunidades de nuestra región, lo que culminó con el asesinato de Mariano Abarca.

El Modevite expresó su preocupación ante el contexto de inseguridad, violencia y amenazas de reactivar las actividades mineras en Chicomuselo, a causa de la falta de intervención de los tres órdenes de gobierno.

Señaló que en los meses recientes se ha constatado la presencia de empresas y personas interesadas en reanudar la explotación en El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia, Benito Juárez, sin consulta previa e informada ni el consentimiento de los ejidos y comunidades que se verán afectados.

Precisó que han presentado denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pero la respuesta ha sido la falta de interés, lo que vulnera los fundamentos legales plasmados en el marco jurídico nacional e internacional.