El empresario Alejandro Puente Córdoba, fundador de una de las compañías más beneficiadas por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) durante la gestión de Ignacio Ovalle Fernández y que está bajo investigación por presunto desvío de recursos federales, pidió la protección de la justicia en contra de cualquier orden de localización, presentación o aprehensión.

El pasado 6 de agosto Puente Córdoba tramitó un amparo en contra de una supuesta orden de aprehensión presuntamente girada por el juez de control y administrador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. El recurso también pidió protección en contra de alguna orden de comparecencia y/o presentación, girada supuestamente por las investigaciones a Segalmex, refirieron fuentes judiciales.

El Grupo Vicente Suárez, la empresa de Puente Córdoba, está bajo investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo). Segalmex fue creado en 2019 por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y estuvo encabezada, hasta abril pasado, por Ovalle Fernández.

El expediente con el pedido de protección de la justicia fue turnado al juzgado quinto de distrito en materia de amparo con sede en la Ciudad de México.

El 12 de septiembre el recurso fue admitido y la audiencia inicial se programó para el pasado 22 de septiembre, pero como diversas autoridades no han enviado sus informes al juez de amparo, esta diligencia se reprogramó para el próximo 3 de octubre.

La audiencia constitucional se realizará el 24 de octubre, según los registros de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal.

Mediante el pago de una garantía de 109 mil pesos, el empresario obtuvo el pasado 9 de septiembre una suspensión provisional, que impide que sea detenido o citado por las autoridades, siempre y cuando no se ejecute una orden de aprehensión por delincuencia organizada en su contra, indicaron autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los hallazgos de la ASF

En 2014 Puente Córdoba fue presidente del Consejo Ciudadano de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), durante la gestión de Marisela Morales. Como empresario aeronáutico se benefició de diversos contratos de arrendamiento de aeronaves a funcionarios de esa institución ministerial; en 2020 presidió la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec).

En las cuentas públicas correspondientes a 2019 y 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la asignación de contratos y la entrega de bienes y servicios en Segalmex, incluso adjudicaciones por casi 4 mil millones de pesos a Grupo Vicente Suárez.

Las auditorías a Selgamex identificaron que el monto de las irregularidades que investiga la FGR representa casi un tercio del presupuesto que recibió y ejerció el organismo entre 2019 y 2021, periodo en el que, según los reportes de la cuenta pública, recibió 29 mil 81 millones de pesos.

La FGR indaga los reportes de afectación con base en las 39 denuncias presentadas, que están en manos de la Femdo. Las irregularidades detectadas en Liconsa ascienden a mil 942 millones 904 mil 70 pesos; en Diconsa, a mil 826 millones 902 mil 238 pesos, y en Segalmex, a 9 mil 36 millones 845 mil 576 pesos.

En el caso de Grupo Vicente Suárez, Liconsa otorgó un contrato para la construcción de una planta deshidratadora de leche en Zacatecas en sociedad con Segalmex. Durante un acto público realizado en diciembre de 2019, Puente Córdoba fue mencionado como inversionista del proyecto, aunque poco después aseguró que había concluido su participación en esa empresa desde enero de ese mismo año. La planta no se construyó.