urante más de 70 años, el sistema político mexicano se caracterizó por ser, en sus instituciones y en los hechos, un régimen autoritario que limitaba el derecho humano de participar políticamente. La democracia no era parte de la realidad en nuestro país y se carecía de los mecanismos mínimos que hoy nos parecen tan comunes, como el derecho a votar y ser votado en igualdad de condiciones, de asociarse libremente para contender a un cargo de elección popular y la materialización del principio de paridad de género en una primera etapa, entre otros, además de contar con una conciencia fortalecida de la ciudadanía para exigirlos.
El cambio social conlleva un proceso largo y aún persisten resquicios de las élites políticas que se resisten a modificar su statu quo en beneficio de las demandas de la población. México tiene pendiente el fortalecimiento institucional que contrarreste la simulación que se vivió durante ese tiempo, así como en épocas recientes en varios espacios de la vida pública del país en escandalosos casos de corrupción. Por eso considero que forjar la democracia debe acompañarse no sólo de la manifestación de la voluntad de la ciudadanía a través del voto para elegir a sus representantes, sino de manera directa por medio de la consulta popular y la revocación de mandato, figuras que sin duda complementan la democracia que hoy se requiere.
En nuestro país, la forma de gobierno que prevalece es la de una República presidencialista, por lo que la titularidad del Poder Ejecutivo ha significado históricamente la figura más relevante del sistema político mexicano. Simulación y corrupción son dos constantes que distinguieron a las administraciones pasadas, en las que, desde la figura presidencial, se maquinaron complejos esquemas de corrupción y desviación de recursos, como en los casos de la estafa maestra y la Viuda Negra, o en la Operación Zafiro, lo que afectó en hechos y cifras el desarrollo económico y social del país. De ahí la importancia de incorporar candados constitucionales al ejercicio del poder presidencialista, así como en las gubernaturas de los estados, por aquello de los gobernadores virreyes, como el caso de Cabeza de Vaca. Para lograrlo, entre otras variables, se requiere de voluntad política.
El actual gobierno de México cuenta por primera vez con la posibilidad de abrirse camino para que la ciudadanía pueda respaldar o no las acciones del Presidente, lo que es un paradigma en el derecho mexicano y la cultura de la participación en nuestro país. De manera reciente, fuimos partícipes de la primera revocación de mandato del Presidente de la República, lo que no estuvo exento de polémica, aludiendo, entre otros argumentos, al costo económico que implica organizar este tipo de ejercicios. Al respecto, me parece que lo más importante es no perder de vista el objetivo de este tipo de mecanismos de democracia directa. Vincular las decisiones públicas con las demandas sociales es dar legitimidad a la toma de decisiones de las instituciones y sus miembros. Finalmente, estas mismas instituciones están llamadas a hacer uso de las nuevas tecnologías (las cuales son parte de la vida diaria de una mayoría de la población) para economizar costos en beneficio de las personas y la progresividad de sus derechos. No hay vuelta atrás.
