Buenos Aires., La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, comenzó ayer su alegato de defensa, mediante la intervención de sus abogados, en un juicio por presunta corrupción en el cual la fiscalía pidió para ella una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación política perpetua.

Hubo intromisión indebida del poder político en el trámite de las actuaciones, sostuvo el abogado Carlos Beraldi en la audiencia realizada de forma remota, que se extendió más de seis horas ayer.

Kirchner, de 69 años, presidenta entre 2007 y 2015 y figura política de peso en el peronismo, está acusada sin pruebas de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez.

En su defensa, Beraldi sostuvo: los auditores dijeron que no se evidencian deficiencias en los contratos y obras y determinaron que los desajustes de obras no se consideran relevantes.

A lo largo del juicio en el cual están acusadas otras 12 personas, la defensa de la vicepresidenta recusó a los jueces y fiscales por considerar que son cercanos al ex presidente Mauricio Macri, pero esos recursos no prosperaron.

Al término de la audiencia, Fernández de Kirchner comentó en Twitter que Beraldi “probó en forma documentada –como debe hacerse en cualquier juicio– que (los fiscales) Diego Luciani y Sergio Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis”.

Se estima que el veredicto, que puede ser apelado, se conocerá a finales de 2022. Kirchner tiene fuero parlamentario que la exime de ser detenida o inhabilitada hasta tanto la Corte Suprema no emita una sentencia firme en su contra.

Hoy habrá otra audiencia de alegatos y el viernes será la tercera y última, en la que, se prevé, podría intervenir la propia vicepresidenta, quien es abogada de profesión.

Kirchner ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos cuando fue presidenta, pero aún enfrenta cinco procesos.

En este contexto, se informó que Gabriel Carrizo, uno de los cuatro detenidos por intentar asesinar a la vicepresidenta, dijo a un amigo, horas después del fallido atentado, que había un plan para asesinar al diputado Máximo Kirchner, líder de la organización juvenil La Cámpora e hijo de la vicepresidenta.