Aunque al rubro de medio ambiente y recursos naturales el proyecto del presupuesto de Egresos 2023 otorga un incremento de 85 por ciento de recursos, éstos se concentran en la Conagua, mientras al resto de organismos del sector les toca apenas 9.5 por ciento de los 75 mil 627 millones de pesos asignados. Esto deja al sector en condiciones precarias, las dependencias operarán de forma muy limitada, con graves consecuencias para los territorios rurales, señala un análisis del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Detalla que a la Conagua le corresponden 68 mil 485 millones de pesos, y de los 7 mil 148 millones restantes, a la Secretaría de Medio Ambiente le toca 2.7 por ciento, a la Comisión Nacional Forestal 3.35, a la Profepa 1.1, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 1.23, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 0.29 por ciento, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 0.29 por ciento y a la Asea 0.44.

Indica que debido a los continuos recortes presupuestales que han complicado y precarizado la operación de la Conafor, no ha podido dar cumplimiento a las metas de incrementar la producción forestal ni aumentar la superficie boscosa bajo algún esquema. A este organismo le corresponden 2 mil 533.2 millones de pesos, 3.8 por ciento más que en 2021, pero menos que en 2019 y 2020 y equivalen a 33 por ciento de 2015.

Además de la asignada para el año próximo, 861.9 millones corresponden a subsidios y subvenciones. Esta bolsa es prácticamente la misma que en 2022 y 25 por ciento menos que la de 2019. Estos recortes en particular afectan de forma directa a comunidades y empresas forestales comunitarias que cuentan con estos recursos para que los habitantes de comunidades y ejidos se empleen en vigilar y hacer de forma continua las labores de manejo necesarias para sus bosques, agrega el consejo.

Agrega que diversas investigaciones en regiones forestales del mundo y de México han demostrado que el fomento al manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales es clave para la protección y conservación del patrimonio; además, favorece la economía de las familias campesinas, contribuye a la captura de carbono, la mitigación de emisiones y la provisión de otros servicios de vital importancia, como la recarga de acuíferos y la disponibilidad de agua de calidad.