La Fiscalía General de Justicia (FGJ) difundió las formas de operar con las que ex funcionarios de la pasada administración crearon una red de complicidades para desviar recursos del gobierno capitalino.

Los protagonistas son el ex subsecretario de Administración y Capital Humano, Miguel Ángel Vásquez Reyes, y el ex director de la Central de Abasto, Julio César Serna, quien el 3 de diciembre fue vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito.

Al presentar el esquema de desvío durante 2017 y 2018, la Fiscalía indicó que suman al menos 2 mil 133 millones 874 mil 389 pesos con 19 centavos.

En videomensaje, la vocería de la FGJ señaló que la primera forma de operar la encabezó Vásquez Reyes, al exponer que a pesar de que el área de Capital Humano de la pasada administración realiza por ley una función llamada solicitud de devolución del pago del impuesto sobre la renta, un grupo de servidores públicos, coludidos posiblemente, simuló hacer esta actividad a través de la contratación de tres empresas, las cuales recibieron un pago a cambio de esta simulación.

Este grupo está conformado por personas cercanas y de total confianza de Vásquez, algunas con lazos familiares.

Un empresario identificado como Martiniano N fungió como representante de dos corporativos involucrados, por lo que no se descarta que su asesinato perpetrado en enero pasado esté relacionado con dicha actividad.

El también presidente del Consejo Internacional de Empresarios de la Ciudad de México fue ejecutado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes les dispararon cuando salía de un gimnasio ubicado en la calle Dakota, colonia Nápoles.

La suma desviada llegó a 986 millones de pesos, cuyo pago fue por los supuestos contratos distribuidos a ocho empresas.

El segundo modus operandi también relaciona a Vásquez Reyes con un grupo de funcionarios con quienes posiblemente se realizó una ilegal autorización, gestión y entrega de diversas cantidades de dinero a servidores públicos de la misma área de gobierno.

El desvío, que es de más de 100 millones de pesos, se hizo a través de supuesto pago en efectivo de la nómina y de fondos de ahorro de los trabajadores del gobierno anterior.

El tercero está vinculado con Serna, quien posiblemente realizó despojos de bodegas mediante clausuras y probablemente fabricó delitos para posteriormente venderlas de forma ilegal y quedarse con el dinero.

“En la Central de Abasto celebró concesiones irregulares con empresas para el cobro de estacionamientos, baños y diversos servicios. La Fiscalía detectó que los bienes con los que cuenta y los gastos que realiza no corresponden con los ingresos que en su momento obtuvo por concepto de salarios de los cargos que desempeñó.

El incremento ilícito de sus ingresos asciende aproximadamente a 47 millones 874 mil pesos, además de propiedades en la capital, Cuernavaca y Acapulco no incluidas en sus declaraciones patrimoniales.