La Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta una carpeta de investigación en contra de la lideresa del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex), Beatriz Adriana Urrea Torres, integrada por más de 3 mil 600 pruebas, afirmó Víctor Fernández, subdirector jurídico de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex).

Derivadas de estas pesquisas, se libraron ya dos órdenes de aprehensión en su contra desde principios de junio, añadió.

Fernández explicó que la primera de estas órdenes es por delitos contra derechos de autor, ya que utilizó por años, sin autorización, la información generada por la agencia para el programa Gira tus finanzas, que ella conducía desde la Bolsa Mexicana de Valores.

Agregó que Urrea Torres realizó 15 viajes al extranjero y nueve al interior del país, cuyos gastos cargó a Notimex, aunque nunca acreditó tener ninguna comisión de la agencia que justificara estos dispendios.

Plantón ilegal

La segunda orden de aprehensión es por el plantón ilegal que mantiene afuera de un inmueble ubicado en la alcaldía Coyoacán.

Fernández detalló que la carpeta de investigación abierta por la FGR en contra de la lideresa de Sutnotimex prueba su relación con el antiguo dirigente del sindicato, Conrado García Velasco, quien es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por desvíos de fondos de la agencia.

Las investigaciones por actos de corrupción por parte del Sutnotimex dentro de la agencia continúan y esperamos que Urrea Torres se presente ante la FGR lo antes posible y responda por sus delitos, añadió Víctor Fernández.

Denuncia parcialidad

El funcionario lamentó que, pese a estos indicios, se siga dando legitimidad a los dichos de Urrea Torres: Las autoridades laborales, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no han mantenido imparcialidad en el conflicto laboral que se vive; al contrario, han manifestado con sus acciones su rotundo apoyo al Sutnotimex, esto pese a que la agencia ha presentado pruebas de que sus integrantes han cometido actos de corrupción.