París. Medios, gobiernos, la Unión Europea y organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su indignación ayer por el espionaje mundial a activistas, periodistas y políticos a través del programa informático Pegasus de la empresa israelí NSO Group.

El Ministerio de Defensa israelí aseguró que tomará las medidas apropiadas si se demuestra que NSO incumplió las condiciones de las licencias de exportación de su software espía. Indicó que sólo se permite la exportación de productos de seguridad informática a gobiernos y únicamente con fines legales, para evitar e investigar delitos y combatir el terrorismo, y subrayó que esa exportación depende del compromiso sobre el uso final del país comprador, que debe cumplir esas condiciones.

Instalado en un celular a veces incluso sin necesidad de que el usuario oprima un enlace desde su teléfono, el programa Pegasus de NSO Group permite recuperar los mensajes de texto, fotografías, contactos e incluso escuchar y grabar las conversaciones de su propietario.

Esta investigación periodística, publicada por 17 medios de distintos países, refuerza las sospechas sobre esta empresa israelí y se basa en una lista obtenida por el colectivo de periodistas France Forbidden Stories y Amnistía Internacional.

En ella aparecen 50 mil números de teléfono seleccionados por clientes de NSO desde 2016 para un posible espionaje. La lista incluye los números de 180 periodistas, 600 políticos, 85 defensores de los derechos humanos y 65 empresarios, entre otros, según la investigación realizada por el diario francés Le Monde, el británico The Guardian, el estadunidense The Washington Post y los mexicanos Proceso y Aristegui Noticias, entre otros.

Estos medios localizaron buena parte de los números espiados en México, Marruecos y Arabia Saudita.

No hablamos sólo de algunos Estados delincuentes, sino del uso masivo de un programa de espionaje por al menos 20 países, explicó ayer la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, a la cadena británica BBC. Se trata de un ataque mayor contra el periodismo crítico, aseguró.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que este escándalo tiene que comprobarse, pero si fuera el caso, es completamente inaceptable. La libertad de prensa es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea, añadió.

La alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió una mejor reglamentación de la comercialización de estas tecnologías de vigilancia. Sin una reglamentación respetuosa de los derechos humanos, hay un peligro excesivo de que estas herramientas se utilicen para intimidar a las personas críticas y silenciar a los opositores, aseguró.

NSO, creada en 2010 por Shalev Hulio y Omri Lavie, y afincada en Herzliya, al norte de Tel Aviv, ha recibido múltiples acusaciones de colaborar con regímenes autoritarios, sobre todo desde que en 2016 Ahmed Mansoor, opositor de Emiratos Árabes Unidos, alertó sobre este tipo de prácticas.

La empresa israelí siempre negó estas acusaciones y esta vez reaccionó asegurando que se trata de suposiciones erróneas y teorías no corroboradas.

En la lista también aparecen números de políticos, entre ellos dos jefes de gobierno europeos, cuyos nombres se anunciarán en breve, según los periodistas que revelaron el caso.

El medio digital francés Mediapart y el semanario de investigación Le Canard Enchaîné presentaron una denuncia en París, después de que se conoció que varios de sus periodistas fueron espiados por los servicios secretos marroquíes a través de Pegasus.

Marruecos negó que sus servicios de seguridad utilicen el software israelí.

El gobierno húngaro encabezado por Viktor Orban también rechazó cualquier implicación, después de que Hungría fue el único país de la UE salpicado por la revelación periodística.