La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y organizaciones de la sociedad civil lanzaron la campaña Las voces de las víctimas marcan el camino, a fin de que la ciudadanía visibilice que la mendicidad infantil en espacios públicos es una de las 11 modalidades de la trata de personas que vulnera el sano crecimiento y desarrollo integral de los menores.

De acuerdo con cifras de organizaciones civiles como El Pozo Azul y A21, se estima que en el país alrededor de 260 mil niños son víctimas de trata de personas por medio de explotación sexual, mendicidad y trabajos forzados.

El coordinador de la UNODC, Mario Cordero, dijo que la trata de personas con fines de mendicidad forzosa es de las menos visibilizadas, y ocurre cuando los menores se ven obligados a realizar acciones consistentes en pedir dinero en la vía pública, pero también enganchan a personas con discapacidad y adultos mayores.

Este delito está engranado en factores estructurales como la pobreza, la falta de empleo y acceso a servicios básicos, entre otros, por lo que la campaña busca que la ciudadanía se ponga los lentes de la prevención de la trata de personas, es decir, que no se vea con normalidad en las calles y llamen al 911 para denunciar cualquier situación donde pueden recibir asesoría ante la posibilidad de un hecho ilícito.

Por su parte, la representante de A21 para América Latina, Angie De Luna, comentó que las calles y los semáforos se han convertido, para los niños y los adolescentes, en una cuota que deben cubrir, luego de que en los 15 años recientes se ha triplicado la trata de menores en el país.

La mendicidad forzada es una práctica lucrativa. Los explotadores están motivados por incentivos económicos. Si lo vemos desde la perspectiva de la estructura de la trata de niños con fines de mendicidad, es comparable al tamaño de una empresa mediana, por lo que pidió a la población generar conciencia y denunciar.

La problemática de los menores no se ha visibilizado, sino normalizado, dijo Illiana Ruvalcaba, de El Pozo Azul, quien recordó que hace años se demostró que personas rentaban a sus hijos para que terceras personas solicitaran ayudas económicas en las calles de la capital.