La iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, cuyo contenido se prevé será enviado en breve al Congreso, otorgará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la capacidad de producir y distribuir 54 por ciento de la demanda nacional de energía, y el resto (46 por ciento) al sector privado, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Palacio Nacional respondió a una pregunta específica del caso España, donde hay un sector de empresarios que estarían dispuestos de invertir en México. Lo que se tiene que entender es que ya no se permite robar, replicó seco.

Sobre el conflicto legal entre su gobierno y una empresa de energía estadunidense, beneficiada con un contrato fuera de lo normal, denunció el entramado diseñado en las anteriores administraciones del PRI y del PAN, en beneficio de la iniciativa privada nacional y extranjera.

“Parte de mi tiempo... lo tengo que dedicar a enderezar entuertos, porque el gobierno permitió el saqueo de la hacienda pública y estamos encontrando todavía contratos leoninos, en donde se benefició a empresas a costa de perjudicar la hacienda pública de México.

“Estos contratos, muchos ya convertidos en litigios en tribunales; acabamos de perder en tribunales internacionales uno acerca de una obra de ampliación de la hidroeléctrica de Chicoasén. Tenemos que pagar una cantidad por eso. El dilema siempre ha sido para nosotros acudir a los tribunales –es interesante esto–, donde siempre perdemos, porque todo el aparato judicial, el andamiaje judicial, está construido para favorecer a las empresas. Es muy difícil que gane el gobierno, ni en México ni en el extranjero.”

Con dureza reiteró que entonces se apostó, y esto molesta mucho, a quebrar la Comisión Federal de Electricidad, a arruinarla, lo mismo que a Pemex, destruir las dos empresas públicas, con problemas graves para el abasto de la energía eléctrica.

Al plantearle si la iniciativa constitucional referida contempla desaparecer CFE internacional y PMI Comercio, el mandatario repuso: “sí, vamos a plantear que el Estado pueda hacerse cargo de 54 por ciento del mercado nacional. Ahora la Comisión Federal puede aportar 35 por ciento y tiene capacidad para mucho más, pero sus plantas están paradas o subutilizadas porque no les permiten el despacho. Los órganos que crearon con la reforma energética están por encima de la autoridad de las empresas públicas, por encima de Pemex y por encima de la CFE.

“Entonces vamos a modificar la Constitución para que 54 por ciento sea abastecido por la CFE y 46 por ciento para la iniciativa privada. No es desplazar al sector privado, es poner orden, porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la Comisión Federal de Electricidad.

Es darle un trato especial a la Comisión Federal de Electricidad porque, si no, es sancionada y se le considera monopolio por el instituto de la competencia, que defiende a las empresas particulares.