l presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado la madrugada de ayer por un comando armado que ingresó a su casa, donde también resultó herida su esposa. De acuerdo con el primer ministro Claude Joseph, los asesinos eran extranjeros que hablaban inglés y español, pero hasta el cierre de esta edición no existían evidencias que confirmaran o desmintieran la versión del premier. Por su parte, el embajador de Puerto Príncipe en Washington, Bochhit Edmond, afirmó que los atacantes se identificaron como agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), aunque descartó que realmente lo fueran. Para aumentar la confusión, el diplomático también sostuvo que las autoridades haitianas desconocen el paradero, las motivaciones y los orígenes de los asesinos, e incluso si permanecen en el país o ya salieron de él.

En el momento de su muerte, Moïse enfrentaba una grave crisis de gobernabilidad y legitimidad: desde enero de 2020 gobernaba por decreto debido a que expiró el mandato de los diputados sin que se hayan realizado nuevas elecciones legislativas. Cinco meses antes del atentado letal, el Consejo Supremo de la Judicatura decretó el fin inmediato del mandato de Moïse, y su gobierno respondió afirmando que frustró un plan de golpe de Estado que incluía el asesinato del presidente.

El magnicidio es la más reciente y trágica demostración de la extremada debilidad del Estado haitiano, el cual se revela incapaz de preservar siquiera la vida de su gobernante. La ausencia de una institucionalidad mínimamente funcional expresa de forma cruda las condiciones de desamparo en que sobreviven los 11 millones de habitantes de esta nación que fue la primera de América Latina y el Caribe en lograr su independencia, mas no pudo sustraerse al colonialismo, el esclavismo, el imperialismo, y el intervencionismo perpetrados por las grandes potencias occidentales.

Esta nefasta herencia sumió al país en una inestabilidad política crónica y la dejó inerme ante una serie de desastres naturales que habrían desafiado las capacidades de cualquier Estado, pero en este lado de La Española resultaron catastróficos. Es de temerse que el asesinato de Moïse conduzca a una nueva espiral de violencia, cuyas principales víctimas serían los millones de haitianos que ya enfrentan la mayor pobreza del continente.

En su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, ante los incrementos en el costo del gas licuado de petróleo (LP), su gobierno creará una empresa pública dependiente de Pemex para distribuir cilindros de ese combustible a precios bajos, particularmente a las familias más pobres de la Ciudad de México. De esta forma, explicó, se evitará que la libre competencia se vuelva un zorro en un gallinero, en referencia a los injustificados incrementos en el costo del insumo, dominado por cinco empresas que distribuyen casi la mitad del gas LP en todo el país y que se están quedando con márgenes de utilidad muy altos.

El mandatario adelantó que se hará algo parecido con el gas natural, del cual hay grandes excedentes porque una de las transas que hicieron (en sexenios pasados) fue comprar gas al por mayor para alimentar plantas termoeléctricas que jamás se construyeron.

El planteamiento presidencial es consistente con uno de los puntos fundamentales de este sexenio, que es el de elevar el nivel de vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, pero adicionalmente tiene el propósito de impulsar una verdadera competencia que no hay y que habrá de resultar benéfica incluso para las compañías distribuidoras actualmente establecidas. Asimismo, la decisión se enmarca en la promesa lopezobradorista de que en el presente gobierno los precios de la energía –diésel, gasolinas, electricidad y gas– no habrían de incrementarse por encima de la inflación, algo que, en el caso del gas doméstico, no ha podido cumplirse.

Por otra parte, la medida debe ser vista como un paso más en el fortalecimiento del sector energético del Estado y de librarlo de ataduras heredadas de la depredación neoliberal, como es el caso de los contratos de compras obligadas de gas natural por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Si el proyecto se realiza con la adecuada planeación y con una administración eficaz, será benéfico en muchos sentidos.