Este martes sesiona en Washington el Consejo Permanente Extraordinario de la Organización de Estados Americanos (OEA) con un solo tema de agenda: la crisis democrática de Nicaragua. En medio de presiones y un ambiente crispado, el secretario general Luis Almagro prepara la ruta para lograr la suspensión del régimen de Daniel Ortega del organismo interamericano. México insistirá en la búsqueda de consensos y una solución por la vía del diálogo.

Más allá de la preocupación expresada ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores por la detención de cuatro precandidatos presidenciales y varios líderes de la oposición, la embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, define en entrevista con La Jornada la postura del país ante el organismo interamericano. “Todos los actores que están en conflicto tienen que sentarse a dialogar. Pero no se van a sentar si no hay confianza en los mediadores.

“Si el secretario general de la OEA se dirige al presidente Ortega descalificándolo –ya nada más por el tipo de aproximación nada diplomática– se ve muy remoto que se puedan lograr resultados. Así la OEA no puede ser el espacio multilateral que facilite los consensos y el diálogo.”

Proyecto de resolución

Baños asegura que el proyecto de resolución que circula para la reunión no habla de una suspensión de Nicaragua, porque una medida de esa índole sólo puede darse en el marco de una asamblea general, ordinaria o extraordinaria, a la que asisten los cancilleres o quienes ellos designen. (Desde marzo de 2020 la OEA no sesiona de forma presencial.)

Y aun así, sostiene, no hay elementos para tipificar lo que pasa en Nicaragua, a pesar de su gravedad, como una ruptura del orden democrático. No la hay, como sí ocurre, por ejemplo, en Haití. En la nación caribeña, el presidente Moise Juvenel, cuyo término presidencial concluyó en febrero, se niega a entregar el mando y anuncia que lo hará hasta el año próximo, a pesar de que ya existe un mandatario provisional designado.

“Si tú tienes una organización con un secretario general que se ha atrevido a hacer lo que hizo en Bolivia [Almagro afirmó que el presidente depuesto en noviembre de 2019 no sufrió un golpe de Estado, sino que fue él quien dio el golpe] es muy difícil generar consensos y salidas dialogadas.

Es una situación en que algunos países pueden no tener la confianza suficiente en la conducta de un secretario general que no cree en el diálogo, sino en la imposición de medidas coercitivas.

–Está el antecedente del caso venezolano. Desde al menos 2017 el tema ha sido objeto de pugnas diplomáticas dentro de la OEA, por la insistencia de Almagro y algunos cancilleres, incluso en su momento Luis Videgaray, representante del gobierno de Enrique Peña Nieto, de suspender a Caracas. ¿Cómo pesa esta historia en la coyuntura actual?

–Es un precedente peligroso. La OEA no tiene autoridad para conocer o desconocer gobiernos. Esa es una potestad de los estados, no de los organismos internacionales. Si un Estado quiere desconocer a un gobierno, está en su derecho y lo respetamos.

“Tampoco tiene facultades para dictaminar o calificar elecciones. Esa es prerrogativa de las autoridades nacionales. Esos dos puntos están muy claros en la posición de México. A estas alturas, todavía tener sentado aquí al representante del opositor Juan Guaidó (que no es jefe de ningún Estado) es algo sumamente extraño. El tema de Venezuela ya ni siquiera se toca en la organización, porque cada vez es más difícil legitimar la presencia de este señor Gustavo Tarre [enviado de Guaidó como representante en la OEA].

–Haití y Colombia son otros dos focos de conflicto en la región sobre los cuales la OEA no ha hecho ningún pronunciamiento.

–Sobre Haití el Consejo Permanente dio el mandato a una misión especial que viajó a Puerto Príncipe para establecer un diálogo con todos los actores y regresó a Washington apenas hace unos días. Estamos esperando conocer los resultados. Es una vía de diálogo.

En el caso de Colombia no ha habido resolución más que algunas expresiones muy leves del secretario general. Más bien, en sus redes sociales ha expresado su preocupación, no tanto por las acciones represivas, sino por quienes protagonizan las protestas. Y, por otra parte, hay una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.